Oaxaca cerró 2025 con un saldo alarmante de violencia política que cobró la vida de al menos cuatro autoridades municipales en funciones, además de registrar más de una decena de ataques armados contra servidores públicos locales, de acuerdo con recuentos oficiales y reportes de organizaciones civiles.
Entre las víctimas mortales se encuentran el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García; la alcaldesa de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto; la regidora de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urbán Ceballos, y el agente municipal de San Marcos Zacatepec, Israel Ramírez Peralta. Estos homicidios colocaron nuevamente a Oaxaca entre las entidades con mayor riesgo para el ejercicio de cargos públicos a nivel municipal.
La violencia no se limitó a funcionarios en activo. Durante el año también fueron asesinadas al menos tres ex autoridades y ex servidores públicos, entre ellos el ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Rodolfo Medina Ruiz. A esta lista se suman un ex funcionario de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y un ex candidato a un cargo de elección popular que además se desempeñaba como dirigente sindical en la región de la Costa.
Reportes especializados en seguridad y gobernabilidad advierten que, a mitad de 2025, ya se contabilizaban al menos 23 víctimas relacionadas con violencia política en la entidad, entre homicidios, atentados y agresiones armadas. La mayoría de los casos permanece bajo investigación, mientras persiste la preocupación por la vulnerabilidad de autoridades locales, especialmente en municipios rurales y regiones con altos niveles de conflictividad social.
Este escenario ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para funcionarios municipales y garantizar condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de la función pública en Oaxaca.
