Agencias
Tres adolescentes, Míriam, Toñi y Desirée, desaparecieron un viernes por la noche en 1992 en un pueblo de la provincia de Valencia, en España. Las menores se encontraban haciendo "autostop" con el fin de llegar a una fiesta en un lugar cercano.
Después de semanas de búsqueda, dos apicultores encontraron sus cadáveres semienterrados en una fosa en un área conocida como La Romana.
Antonio Anglés y Miguel Ricart fueron considerados los autores de los hechos, aunque el primero continúa décadas después en paradero desconocido y nunca se ha logrado su captura. Además, existen múltiples contradicciones y puntos de controversia que han generado dudas respecto a quién mató, violó y torturó a las niñas.
Este caso constituye uno de los crímenes que más ha conmocionado a la sociedad española.
El primer caso mediático de España
El conocido como el crimen de Alcácer, quedó en la historia como el primer caso mediático de la historia de España. Alcácer es una pequeña localidad de España, en la provincia de Valencia.
¿Por qué quedó como tal? Porque los medios tomaron un papel tan relevante que terminaron por entorpecer cualquier investigación en curso, investigación que, encima, dejó más dudas que certezas, por las formas de recavar pruebas, por las autopsias, las dudas en el escape de uno de los implicados, por las pruebas que no se recopilaron y porque nunca se llegó a dar con la verdad al 100%.
Las teorías conspirativas emergieron en la TV a través, muchas veces, del padre de una de las víctimas, Fernando García.
Concretamente el caso trató de la desaparición de tres adolescentes: Míriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández. Se las vio por última vez la noche del viernes 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían haciendo "autostop" a un boliche de la vecina localidad de Picasent donde se celebraba una fiesta de su instituto.
La búsqueda de las conocidas como "niñas de Alcácer" tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación de España.
El 27 de enero de 1993, setenta y cinco días después de su desaparición, dos apicultores encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un paraje de difícil acceso próximo al pantano de Tous. El hallazgo de los cuerpos y el conocimiento posterior de las vejaciones a las que fueron sometidas conmocionaron profundamente a la sociedad.
Investigación apunta a dos homicidas
Las investigaciones policiales apuntaron a que el triple crimen fue cometido por dos personas: Antonio Anglés y Miguel Ricart, de 26 y 23 años respectivamente. El primero, considerado el presunto autor material de los hechos, huyó en el mismo momento en el que las fuerzas de seguridad procedieron a su localización.
Antonio Anglés aún se encuentra en paradero desconocido. En cambio, Miguel Ricart fue detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión en un juicio muy mediático, de los que solo cumplió 21 años antes de ser puesto en libertad.
La instrucción del caso fue duramente cuestionada por algunos de los padres de las niñas que, de manera alternativa, desarrollaron una teoría conspirativa. Según ésta, la versión oficial era una tapadera para encubrir a los verdaderos criminales: un grupo de políticos y empresarios poderosos involucrados en la producción de vídeos de asesinatos reales.
Aunque buena parte de la teoría se sustentaba en especulaciones, esta teoría se arraigó con fuerza en el imaginario colectivo de la sociedad gracias a su intensa exposición mediática.
Todo alimentado porque no había ninguna prueba de ADN que los vinculara a las niñas halladas muertas. Es que sólo hubo una confesión de Ricart, que cumplió la condena finalmente y varias dudas que rodearon a su detención.
Porque primero dijo que habían cometido el crimen y apareció golpeado, lo cual pudo haber sido brutalidad policíaca; después se declaró inocente. Y finalmente mantuvo su postura pero fue condenado.
Revelaciones de las pruebas
A finales de julio de 1995, el Instituto Nacional de Toxicología remitió al juez un informe de los cabellos, semen y manchas de sangre hallados en la caseta del barranco de la Romana, lugar en el que, según las declaraciones de Miguel Ricart, las tres niñas fueron violadas y torturadas.
De acuerdo con el informe, los cabellos correspondían a Mauricio Anglés, los restos de sangre a Roberto Anglés y el semen a uno de los hermanos Anglés que no era ni Mauricio ni Roberto (por eliminación, era de Antonio Anglés).
Por lo tanto, el informe demostraba que los Anglés conocían esa caseta y que habían estado en ella (algo que ellos nunca habían negado), pero no permitía deducir que hubieran participado en el crimen porque no se podía demostrar que estuvieran allí aquel día.
Ningún resto biológico recogido en la caseta pertenecía a las niñas. Y tampoco que hubiera restos de ellos significaba que se había cometido algún crimen en la caseta que era usada por los adolescentes y mayores para tener sexo.
En el interior del coche de Miguel Ricart, usado para raptar a las niñas, se halló un único pelo cuyo ADN también fue analizado. Resultó ser del propio Ricart.
El informe de la segunda autopsia
Inmediatamente después de las primeras autopsias y por requerimiento de las familias, el catedrático Luis Frontela realizó una segunda autopsia, más minuciosa, a los cuerpos de las adolescentes. En esta autopsia estuvieron presentes como observadores el equipo de forenses valencianos y dos guardias civiles que tomaron imágenes del procedimiento.
Frontela llevó a cabo un estudio del ADN de los pelos que se encontraban en los cadáveres y su ropa. Se hallaron quince cabellos: tres pelos de pubis encontrados en la ropa de Míriam y Desirée pertenecían a Miguel Ricart; tres pelos encontrados en la ropa y el cadáver de Toñi pertenecían a un segundo individuo; cuatro pelos encontrados en la ropa de Toñi y el sujetador de Desirée pertenecían a un tercer individuo; un pelo hallado en la ropa de Desirée pertenecía a un cuarto individuo; y un pelo cano de cabeza encontrado en la ropa de Desirée pertenecía a un quinto individuo.
Los tres restantes se encontraban dañados y no se pudieron analizar. Este hecho confirmaría la participación de, al menos, cinco personas en el crimen, entre las que se encontraría Miguel Ricart, que en su momento llegó a decir que había tenido sexo consentido con las chicas.
El estudio de las larvas halladas en los cuerpos, a las que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y videos tomados durante la primera autopsia, sugirió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres. De este hecho, Frontela dedujo que las adolescentes fueron enterradas en dos lugares diferentes.
Además, la ausencia de amoratamientos de los cadáveres le llevó a pensar que los cuerpos de las niñas o bien sufrieron una fuerte hemorragia o bien estuvieron sumergidos en el agua, aunque no tuvo datos suficientes para demostrarlo.
El informe derivado de las autopsias fue remitido al juzgado tres días antes del comienzo del juicio, tres años más tarde, pero se hizo caso omiso. Tras el juicio, sólo dos eran los culpables.
