Casi a la par que el municipio de San Antonino Castillo registró de manera oficial la novena defunción por COVID-19 entre 43 de sus pobladores con contagio respaldado por una prueba de laboratorio, el presidente municipal Esteban Abel Sánchez Campos fue denunciado por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGEO).
La novena defunción en San Antonino Castillo Velasco se notificó oficialmente ayer, pero ocurrió desde el miércoles 1 de julio en el Hospital Regional de Alta Especialidad, donde recibió atención una mujer de 74 años sin antecedentes de alguna otra enfermedad como diabetes, hipertensión u obesidad.
La denuncia interpuesta el jueves por los Servicios de Salud se centra en la decisión de la autoridad municipal de mantener abierto el baratillo, como se le conoce al espacio para comercializar ganado que se instala cada viernes.
En entrevista, el presidente de San Antonino, Abel Sánchez atribuyó la denuncia a una suerte de interés político de acusar a un presidente de un mercado con menos movimiento que la Central de Abasto.
Se quejó de la falta de disposición del gobierno del estado por apoyar a personas para fortalecer su actividad agrícola, de crianza de animales o comercialización de productos, ya que la mayoría vive al día y no puede mantenerse en el resguardo domiciliario.
“Por seis semanas suspendimos el baratillo y el lunes decidimos abrirlo al diez por ciento de su capacidad, si mucho son cien vendedores, porque estamos preocupados por la pandemia, pero también por la economía y en los últimos 15 días no se ha dado un deceso”, explicó sin saber aún que ayer mismo las autoridades confirmaban una nueva defunción.
En ese conteo oficial no se incluye a un hombre adulto que el 26 de abril falleció al intentar cruzar un filtro sanitario implementado en los límites de San Antonino con Ocotlán de Morelos.
Su cuerpo fue sepultado sin que se le aplicara la prueba para determinar si murió con COVID-19
Desde antes de ese deceso, la autoridad municipal de San Antonino fue criticada por mantener abierto el baratillo que llega a reunir hasta 3 mil vendedores de animales, comida y autos usados.
Otra denuncia previa
Carlos Felguérez Salazar, asesor legal de la dirección general de la dependencia, confirmó que la denuncia la presentó el jueves la apoderada legal y directora jurídica, Elena Elizabeth de la Rosa Revilla, por el delito de propagación de enfermedad, contemplado en la fracción primera del artículo 193 del Código Penal vigente en Oaxaca.
Admitió el riesgo de que no se pueda lograr la sanción de uno a seis años que establece el Código Penal para la propagación de cualquier enfermedad, en la que buscan incluir el COVID-19 por no implementarse medidas de contención y prevención de parte de las autoridades, pero dependerá a la Fiscalía integrar la carpeta de investigación.
Esta es la segunda denuncia que en la semana interpusieron los Servicios de Salud, ya que la primera fue en contra del presidente de San Pedro Ixtlahuaca, Manuel Duarte Pérez, quien el fin de semana anterior se negó a suspender las actividades por la fiesta patronal.
Ese municipio que se localiza a 11 kilómetros de la ciudad acumula 32 contagios, de los cuales en tres las personas fallecieron, incluido un bebé menor de un año, el pasado 18 de mayo. Apenas ayer se confirmó un nuevo caso.
Desde el pasado 23 de mayo en todo el país se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia que buscó disminuir la celeridad de los contagios de la pandemia de COVID-19 y aunque desde el 1 de junio se inició la “nueva normalidad”, Oaxaca mantendrá su semáforo epidémico en rojo hasta el domingo y a partir del lunes próximo cambia a naranja.
