Oaxaca.- Ante el incumplimiento de recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Poder Judicial del estado, a través de su Sala Constitucional, analiza dos controversias en contra de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
En ambos casos se trata de temas que atañen al sistema carcelario de la entidad. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que desde la fecha de la creación de esa instancia, ha atendido 11 controversias y seis juicios para la protección de derechos humanos.
Entre ellos, la negativa de la SSPO de atender una recomendación emitida por la DDHPO para que una interna recluida en el penal de Tanivet, Tlacolula, sea trasladada a un penal cercano a su lugar de origen, eI Istmo de Tehuantepec.
En tanto, de acuerdo con el TSJ, la Sala Constitucional ha conocido 11 controversias constitucionales y seis juicios para la protección de derechos humanos.
Refiere que éste es un instrumento procesal único en su tipo en el país, basado en el procedimiento que se sigue en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual los oaxaqueños pueden recurrir cuando consideren que sus garantías individuales han sido violadas.
Expone que las autoridades que se nieguen a cumplir con las recomendaciones emitidas por los órganos estatales, nacionales e internacionales de derechos humanos, están expuestas a una sentencia que puede llegar al cese de funciones, consignación ante las instancias correspondientes o al pago de la reparación del daño.
Manifiesta que 17 entidades del país cuentan con una sala o tribunal constitucional; sin embargo en esta entidad se aplica un juicio especializado que garantiza a las personas la defensa de sus derechos contra los abusos de autoridad.
Añade que la Sala también está facultada para conocer e intervenir en los casos de controversias constitucionales, es decir, cuando haya invasión de las facultades de una autoridad frente a otra, entre poderes o municipios, pues ello puede agraviar los derechos humanos.
Está integrada por los magistrados Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, Eduardo Pinacho Sánchez y Fernando Enrique Méndez Ortega. Inició funciones en octubre del 2013 en cumplimiento a la reforma constitucional promovida en 2011 en Oaxaca.
