SAN PEDRO POCHUTLA, Oaxaca.- Casi 12 horas de bloqueo en la carretera federal 200 y 10 horas de espera de una comisión que aguardaba en el aeropuerto de Puerto Escondido el regreso del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de su gira por Jamiltepec, fueron resueltos con una llamada realizada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien poco antes de la 21:00 horas anunció a los manifestantes sobre la instalación de una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación (Segob) para iniciar la resolución del conflicto agrario ocurrido en Tilzapote, Tonameca.
Una larga jornada de espera, incertidumbre y zozobra vivida por pobladores de Tilzapote, quienes ante la noticia de un nuevo amago de desalojo, producto de una sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) y una diligencia fraguada desde el Juzgado Primero de Distrito, se manifestaron y prepararon para enfrentar cualquier intento por arrebatarles sus tierras, se tradujo en la calma, al menos temporal, y la esperanza de que el juicio agrario por el que dos particulares pretenden adueñarse de 300 hectáreas de terrenos, sea repuesto en su totalidad.
Bloqueo carretero y larga espera
El costo de concebir una nueva esperanza fue alto; un bloqueo total que afectó a cientos de personas que pretendían desplazarse hacia o desde Puerto Escondido por la carretera federal 200 y funcionarios que no solo tuvieron que mantenerse durante horas que parecían interminables en el aeropuerto, sino que además pusieron a prueba su capacidad política y hasta emocional frente a la desesperación de un grupo de quejosos que no estaban dispuestos a mover un dedo hasta no tener una respuesta.
Poco antes de que López Obrador llegara a tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de México, el gobernador habría sido el interlocutor entre el presidente de la República y los quejosos, para abrir una nueva puerta ahora desde el gobierno federal, para resolver el conflicto que al menos en los tribunales de Oaxaca se ha quedado empantanado ante la insistencia de dos personas, hasta ahora desconocidas, que pretenden adueñarse a través de un proceso lleno de inconsistencias, de las valiosas tierras de la comunidad.
Y aunque el presidente de la República aseguró que la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, abrirá una salida para evitar el desalojo, para Edith Santibáñez, dirigente de la comunidad, esto es apenas el inicio de una nueva lucha para evitar un conflicto social de grandes dimensiones.
Finalmente, después de que se concertara la cita en la Segob, López Obrador pudo abordar su vuelo, no sin antes tener un acercamiento fraterno con los representantes y pobladores que permanecieron en la terminal aérea, a quienes les pidió que confiaran en que se dará un seguimiento justo y puntual al conflicto de tierras.
Reponer proceso, el propósito
Se prevé que la siguiente ruta agraria- jurídica incluya la intervención de nuevos actores del orden federal para conseguir la reposición de un procedimiento considerado “fraudulento”, con el que se pretende despojar de sus tierras a habitantes de una cotizada zona aledaña al mar -8 millones por hectárea-, para construir un complejo turístico, detrás del que se encuentra un grupo de poderosos empresarios, dicen.
Los habitantes señalan que nunca fueron notificados durante el juicio agrario en su contra, por lo que no tuvieron oportunidad de defenderse y luchar por sus tierras, hecho que los ha orillado a tramitar diversos amparos y entablar mesas de diálogo con autoridades para conservar sus tierras.
