Una alianza de organizaciones, pueblos, comunidades, autoridades agrarias y municipales exigió seguridad al Estado mexicano para la comunidad de Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, porque las autoridades federales y estatales no han asumido sus responsabilidades de manera profesional y oportuna.
En un pronunciamiento, sostuvo que en esa comunidad de la región de la Costa se viven tiempos violentos, porque en menos de tres meses, cinco habitantes han sido asesinados, entre estos, dos integrantes activos del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
Expuso que los defensores comunitarios del ejido de Paso de la Reina son piezas importantes en la consolidación de la resistencia frente a la empresa privada ENERSI S.A. de C.V. y la Comisión Federal de Electricidad, quienes han intentado desde 2006, la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el cauce del río Verde.
Explicó que la lucha pacífica del Copudever es importante en la defensa de los territorios no sólo en Oaxaca, sino también a lo largo del territorio nacional y Centro América, donde siempre han sido solidarios a las otras luchas y han compartido sus enseñanzas de protección del territorio.
Destacó que la comunidad de Paso de la Reina, desde el asesinato del activista del Copudever, Fidel Heras Cruz, el primero de los cinco, ha sostenido comunicación con dependencias estatales y federales en búsqueda de medidas de seguridad colectivas, pero no han llegado.
De esta manera, resaltó que la asamblea comunitaria y habitantes de Paso de la Reina tomaron la autodeterminación de velar por su propia seguridad, como lo hicieron en el 2009 ante las amenazas de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, e instalaron un campamento a la entrada del pueblo para evitar nuevas agresiones.
Ante esto, la alianza de organización respaldó el acuerdo e hizo responsable a los gobiernos federal y estatal de la violencia en Paso de la Reina por su incompetencia para atender la situación.
Además, manifestó su preocupación ante la actual coyuntura político-electoral, así como por el vacío de poder en la impartición de justicia y en los cuerpos policiales en Oaxaca.
