De los 3 mil 587 personas internas en los 13 penales de la entidad, son 1 mil 650 reos (46.16 por ciento del total) los que no están clasificados por sentenciados y no sentenciados, lo que impide el tratamiento para la consecución de la reinserción social efectiva y viola los derechos humanos de las personas.
Pero además en ese total de centros penitenciarios laboran 1 mil 8 trabajadores de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), de los cuales 812 desarrollan actividades técnicas, administrativas, seguridad y custodia, por lo que cada trabajador atienden a casi 5 reclusos.
De acuerdo a la respuesta que remitió la subsecretaria María Concepción Tovar Monreal a la Cámara de Diputados federal, al exhorto emitido para que las autoridades que operan el sistema penitenciario promuevan que el personal de seguridad y custodia sea capacitado de forma permanente y que los centros penitenciarios cuenten con personal suficiente, señaló:
“La población interna de las personas privadas de su libertad a la presente fecha es de 3 mil 585, mientras que el número de la plantilla de servidores públicos total por la subsecretaría a mi cargo es de 1008, de los cuales 812 se encuentran distribuidos entre personal técnico, administrativo y de seguridad y custodia, en los diferentes centros penitenciarios del estado; cabe mencionar que de acuerdo con las necesidades del servicio, se realizan rotaciones en oficinas centrales y en los distintos centros del mismo estado”.
Por otra parte, en respuesta a otro exhorto a los titulares de los centros penitenciarios en todas las entidades federativas para separar a los internos sentenciados de los no sentenciados, el director general de reinserción social de la SSPO, Silvestre Manuel Muñoz Hernández, respondió que en un 53.84 por ciento de los centros penitenciarios con que cuenta el estado, se ha realizado la clasificación correspondiente. El resto de los centros no cuenta con la infraestructura adecuada para poder realizar una clasificación en su totalidad.
Precisa que de los 3 mil 580 personas privadas de su libertad, en los 13 penales de la entidad, 3 mil 254 son del fuero común y 333 del fuero federales; de los cuales 2 mil 77 son procesados y 1 mil 510 sentenciados.
