El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó el título de concesión de uso social indígena a Radio Nahndiá, ubicada en la comunidad mazateca de Mazatlán de Villa de Flores, región de la Cañada.
Melquiades Rosas Blanco, representante legal de la asociación Nillu Mazateco, A. C. figura legal de la emisora, informó que Radio Nahndiá fue parte del grupo de once estaciones comunitarias quienes recibieron un título de permiso para operar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 24 de diciembre de 2004.
Explicó que la radio comunitaria se ha caracterizado por su compromiso con la difusión de la cultura y cosmovisión del pueblo indígena mazateco, a través de la lengua materna.
Además, expuso que ha establecido puentes de comunicación con algunas comunidades mixtecas, nahuas y hablantes del español, así como realizado la cobertura informativa sobre distintos movimientos sociales y la difusión de los derechos humanos enfocada al derecho a una vida libre de violencia de género.
Por esa activa participación –asentó–, un grupo armado apoyado por el PRI ocupó las instalaciones de la estación comunitaria en el 2006 y así quedó fuera del aire por un año y nueve meses.
Precisó que la emisora empezó a transmitir nuevamente el 24 de febrero de 2008 mediante los recursos financieros gestionados en instituciones y por contribuciones comunitarias.
Precisó que la estación comunitaria inició en el 2010 el proceso de refrendo del título de permiso, pero nunca fue resuelto por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), hasta ahora a través de la Reforma Constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Destacó que la obtención del refrendo y título de concesión de uso social indígena es un logro parcial para el movimiento de comunicación comunitaria e indígena en México, pues si bien, materializa la reivindicación de un derecho plasmado en el artículo segundo constitucional, donde se establece el derecho de los pueblos indígenas a operar y administrar sus propios medios de comunicación, aún falta equiparar las leyes estatales para garantizar ese derecho.
