Hay una artista de Oaxaca que se exilió del país, orillada por la inseguridad, vive con otras dos mexicanas muy cerca de la Franja de Gaza en Oriente próximo, una zona en constante guerra, pero en la que ha encontrado un hogar, que dista mucho de lo que sucede en México, asesinatos de mujeres y lucha contra el narco que deja víctimas colaterales inocentes.
Ángela recorre el bloqueo a toda prisa, en sus manos lleva tres charolas cubiertas con plástico. Mientras la imagen de un candidato al Senado de la República se posa en las pantallas de publicidad que se han instalado al frente del Estadio de beisbol Eduardo Vasconcelos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestros de la Sección 22 toman por asalto el crucero que conforman avenida Niños Héroes y Heroico Colegio Mililtar.
La ciudad está dividida en dos desde hace varias horas.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que no existen daños en la entidad por los sismos que se presentaron durante el transcurso de la madrugada de este miércoles.
El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo de mayor magnitud se registró a las 0:2:30 horas y se localizó a 73 kilómetros al sur de Salina Cruz; derivado de este movimiento se implementó el operativo de supervisión en la zona.
Una familia oaxaqueña tendría que trabajar tres meses para pagar el impacto económico de la violencia de uno solo de sus integrantes, pues en 2017 la huella de la violencia en la entidad costó 28 mil 624 pesos por persona. El ingreso mensual de una familia en Oaxaca es de 9 mil 101 pesos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El “desorden urbano” traducido en bloqueos y manifestaciones es un elemento que junto con la impunidad y falta de fuentes de trabajo, golpea fuertemente a la seguridad y estabilidad economía del estado, señaló Mario Cruz Escamiroza, integrante la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Oaxaca.
La Secretaría de Finanzas aseguró que ya desaparecieron los “créditos puente”, que provocaron que tres ex secretarios del Gobierno estatal anterior estén procesos por presuntos actos de desvió de recursos.
El Procurador Fiscal, José Salvador Velázquez Ramos afirmó que desde diciembre de 2016 a la fecha, no han otorgado ninguno de estos créditos.
“Es viable comunicarle que no es facultad de esta Secretaría el otorgamiento de créditos puente”, expresó en el oficio número SF/SI/PF/DL/UT/o11/2018 a una solicitud de información presentada por un ciudadano.
El Colectivo por la Ciudadanía de las mujeres demandó la destitución de Alfredo Brena como consejero ciudadano del Consejo Distrito 08 del Instituto Nacional Electoral (INE), por haber incurrido y apoyado la violencia política contra la candidata al senado de la república, Susana Harp.
La consejera electoral, Rita Bell López Vences reveló que Oaxaca está en los primeros lugares nacionales de denuncias de violencia de género.
Informó que tienen documentados más de 30 casos de agresiones a mujeres que ejercen cargos públicos en la entidad, particularmente, en los gobiernos municipales.
“Oaxaca anda en los primeros tres lugares con más denuncias de violencia política, pero también hay que recordar el gran número de municipios que tenemos, y hay una mitad por sistemas normativos indígenas y por régimen de partidos políticos”, dijo.
El reciente caso del pequeño Edward y la confusión desatada provoca no solo la división de opiniones, sino la desconfianza social. Ejemplo de ello es Martina, quien debido a un accidente recurrió a la asistencia médica privada, pues aun cuando tiene Seguro social Shuye de la burocracia en los hospitales públicos.
A pesar de que no es la primera vez que acude a ese tipo de servicio, hoy, ante "tanto que se dice del caso Edward", teme que le suceda algo similar.
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes, acusó a los integrantes de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), de oponerse a legislar sobre la reglamentación de marchas y protestas en la entidad.
Dijo que con insistencia ha propuesto debatir el tema, “pero la verdad es que se han negado”.
