Norma Pineda, madre de hogar, resume como insuficiente el ingreso que mensualmente percibe, para cubrir todos los gastos que implica surtir la canasta básica.

Haciendo cuentas, diariamente eroga 200 pesos para la compra de alimentos de una familia integrada por dos adultos y dos menores de edad. El gasto deja pulverizado los dos salarios mínimos (205.36 pesos) percibidos diariamente, pues aún con el alza calificada como histórica, apenas si alcanza a cubrir las necesidades primarias.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la nueva reforma educativa, el Gobierno federal instruyó a la SEP eliminar todo aquello que "afecte" a los maestros.

Después de que el dictamen fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que instruyó al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, a dar a los docentes toda la información sobre la iniciativa.

El dictamen de la nueva legislación educativa aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal deja nuevamente el magisterio en un “régimen de excepción”, porque sus derechos escalafonarios serán regulados nuevamente por otra ley secundaria, afirmó el portavoz del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), Wilbert Santiago Valdivieso.

“Es que se mantiene ese régimen de ignominia establecido por la reforma educativa del ‘espurio’ Enrique Peña Nieto”, asentó.

Docentes de la Sección 22 del SNTE participan desde ayer en el Primer Encuentro Estatal de Colectivos de Educación Especial, para construir su proyecto alternativo de ese nivel, ante el riesgo de desaparición por la malla curricular del nuevo modelo educativo en escuelas normales, para imponer la educación inclusiva.

“Bajo ningún concepto vamos a permitir que sea impuesta esa política neoliberal”, afirmó la representante de educación especial en el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo (Cedes), Cecilia Sánchez Cruz.

A pesar de que la dinámica de los conflictos laborales es intensa, ya que en trámite se atienden 7 mil 500 juicios y más de 500 emplazamientos de huelga, en Oaxaca existe un clima de paz laboral que incide en el desarrollo económico y social de sus habitantes, aseveró el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor Alberto Quiroz Arellanes.

Por mayoría de votos, el Cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó ayer un punto de acuerdo para que los directores y titulares de área comparezcan ante el propio cuerpo edilicio el primer viernes de cada mes, para informar sobre el estado que guarda la administración pública bajo su responsabilidad.

Por la intromisión del ex perredista Hugo Jarquín, el síndico segundo Jorge Castro Campos suspendió ayer la sesión ordinaria de Cabildo, ante la falta de condiciones de seguridad.

Inicialmente, el síndico segundo pidió a Jarquín, junto a un grupo de mujeres acompañantes, que se retirara para continuar con los trabajos y al final, atender peticiones.

“No me voy a ir”, respondió el ex perredista.

Ante esto, el síndico segundo determinó la suspensión de la sesión ordinaria conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal.

Conformadas en un bloque, más de 240 empresas del ramo gasolinero en Oaxaca exigieron al gobierno federal el restablecimiento de las rutas de abasto de combustible, pues aseguraron que la logística aplicada en la guerra contra el huachicol, ha generado pérdidas del 40 % en utilidades debido al pago de flete y seguridad privada para el resguardo de las pipas.

Respecto al registro nacional, la dirigencia en Oaxaca del Partido Nueva Alianza (Panal) tiene adeudos por un millón 557 mil 860 pesos con proveedores locales y con instituciones públicas.

Esta agrupación política enfrenta, actualmente, un proceso de liquidación tras la pérdida de su registro nacional. El 12 de septiembre de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la pérdida del registro de este partido, tras no alcanzar el 3 por ciento de a votación en los comicios del año pasado.

El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción (SECCO) reclutó a taxistas y mototaxistas, que han estado involucrados en actos violentos.

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que aglutina mayoritariamente a transportistas, firmó ayer un acuerdo con el Sistema, en el que se comprometió a combatir la corrupción y transparentar los recursos públicos que recibe.

El Presidente del Sistema anticorrupción de Oaxaca, Adán Córdova destacó que este es el primer sindicato del país que se suma al combate a la corrupción.