De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2022, realizada por la Secretaría de Bienestar Federal, 3 millones 42 mil 98 oaxaqueños carecen de seguridad social.
El reporte detalla que al cierre de 2022 que un el 73% de la población oaxaqueña carece de seguridad social, es decir, que no disponen de servicios médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS y, además, cuenta con SAR o Afore.
El informe hecho por la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo expone que el porcentaje de personas en esta situación en Oaxaca es mayor a la media nacional, que es de 52 por ciento, es decir 21 puntos porcentuales más.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) explica que la seguridad social es “el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades, como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas, como la vejez y el embarazo”.
Cada año, la Secretaría de Bienestar realiza este informe, por lo que se observó que el aumento de personas entre 2020 a 2022 fue de 98; no obstante, el número continúa siendo mayor al de otros estados.
Cabe destacar que el Coneval considera que una persona que labora tiene acceso a la seguridad social cuando tiene servicios médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS y, además, cuenta con SAR o Afore.
O en el caso de la población en general, el Coneval considera que tiene acceso cuando goza de alguna jubilación o pensión o es familiar de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad social.
Mientras que la población en edad de jubilación tiene acceso si es beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos mayores cuyo monto mensual otorgado sea mayor o igual al valor promedio de la canasta alimentaria.
Cabe señalar que este informe sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país se realiza cada año, desde 2014, ya que lo estipula el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, desde el 2014 la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol).
