En diferentes municipios del estado no existen protocolos adecuados para la detención y custodia de las personas que cometen faltas administrativas y son internadas en las cárceles, separos o espacios destinados a cumplir con sanciones privativas de libertad, aseguró el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla.
El ombudsperson sostuvo que esta situación ha originado la pérdida de vidas ya sea por aparentes suicidios, lesiones provocadas por los propios agentes aprehensores o por otras causas, las cuales no son debidamente atendidas ni investigadas.
Además, observó que muchos de esos espacios destinados a prisión preventiva carecen de condiciones materiales dignas para contener a personas privadas de la libertad.
“Esto es, que no cuentan con energía eléctrica, generalmente carecen de sanitarios y si existen están en pésimas condiciones de higiene, así como hay falta de limpieza y de ventilación”, anotó.
Aparte de esto, subrayó que no existen espacios destinados exprofeso para internar a mujeres o personas adultas mayores o con discapacidad.
“En muchos de los casos se carece de personal para la custodia permanente y atenta a las personas detenidas. También, se carece de médicos para certificar o brindar atención médica o primeros auxilios a las personas detenidas”, agregó.
De esta manera, destacó que no se cumplen los principios y normas aplicables para garantizar a toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión, un trato con el respeto debido a la dignidad inherente a todos los seres humanos.
Rodríguez Alamilla dijo que si bien la Fiscalía General del Estado, ha iniciado averiguaciones previas o carpetas de investigación en los casos donde alguna persona perdió la vida en centros de reclusión, los procedimientos jurídicos no garantizan el acceso a la justicia.
“Pues, inclusive se documentó en uno de los casos que se decretó un no ejercicio de la acción penal, en circunstancias que pueden ir en contra de los derechos de las víctimas directas e indirectas de tales hechos”, terminó.
Diecisiete casos
La DDHPO ha documentado 17 casos de personas que han muerto en cárceles municipales, el más reciente de ellos, ocurrido el miércoles pasado en Tlalixtac de Cabrera, entre enero de 2015 a de octubre de este año.
