El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH) exigió la libertad inmediata de los afromexicanos Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez, al encontrarse privados de su libertad y sin sentencia desde diciembre del 2011, por un delito que no cometieron.
“La privación de la libertad sin sentencia, constituye una grave violación al acceso a la justicia y al debido proceso legal”, afirmó la coordinadora general de la organización, Sara Méndez Morales.
La activista explicó que los dos afromexicanos, originarios de Lagunas de Chacahua, Villa de Tututepec, dedicados a la pesca y el paseo de turistas en lanchas, fueron detenidos en el mes de diciembre del 2011 y posteriormente acusados del homicidio del estudiante de la UNAM, Israel Moreno Pérez, sucedida en julio de ese mismo año.
Por eso, expuso que la privación preventiva de los dos afromexicanos resulta excesiva y desproporcionada, porque a la fecha no existe una sentencia para señalar y comprobar su participación y menos aún su responsabilidad penal en el delito imputado.
“La prisión preventiva equivale a una pena anticipada, lo que resulta violatorio a las garantías del debido proceso”, asentó.
Aparte de esto, subrayó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) documentó en la recomendación 13/2016 la tortura y discriminación sufrida por los dos afromexicanos.
Destacó que el gobierno federal ha señalado recientemente estar en contra de la práctica de la tortura y ha asumido el compromiso de implementar acciones efectivas para erradicarla e inclusive, emitió un decreto en el 2021 para conceder la libertad a las personas quienes hayan sido víctimas de este delito.
Méndez Morales, resaltó que la tortura constituye una grave violación a los derechos humanos y sumado a otros derechos violados, se derivan impactos psicosociales como la sobrecarga de trabajo y responsabilidad en la estructura familiar, el deterioro en la solvencia económica de las necesidades del hogar y la desintegración familiar, así como la estigmatización y el rompimiento del tejido social.
“Este caso es una muestra de la injusticia y la impunidad que prevalece hacia personas en estado de vulnerabilidad y empobrecimiento”, terminó.
