Octavio Vélez Ascencio
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) manifestó su rechazo a la exploración, explotación y aprovechamiento del litio y demás minerales en Oaxaca y en otros estados por las afectaciones causadas por el modelo extractivista.
El enlace de esa alianza en la entidad, afirmó que las reformas y adiciones a la Ley Minera mantienen el carácter sumiso del gobierno federal ante el mercado y el modelo extractivo diseñado en 1992, para legalizar el saqueo, el despojo a comunidades, la destrucción de la naturaleza y los graves daños a la salud.
Sostuvo que el litio constituye un mineral fundamental para la llamada transición energética, pero también la explotación de este mineral ha originado daños sociales y ambientales en diferentes países del mundo.
Además, expuso que las reformas y adiciones a la Ley Minera no nacionalizan el litio por ser un mineral del subsuelo considerado propiedad de la nación, pero si crea una excepción al Estado para su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento.
Destacó que el Servicio Geológico Mexicano (SGM), para identificar posibles yacimientos de litio, desarrollará trabajos de prospección en 82 localidades de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Además, resaltó que la mayoría de los estados donde el SGM llevará cabo trabajos de prospección para una posible explotación de litio, sufren actualmente de un grave estrés hídrico y de problemas de escasez y contaminación del agua.
Observó que uno de los principales impactos de la explotación del litio denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos de Sudamérica es justamente la alta cantidad de agua requerida en el proceso de evaporación.
Aparte de esto, subrayó que el gobierno federal no ha respondido a la demanda de alto a la minería hecho por muchas organizaciones sociales, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños ocasionados por la minería en el país, por medio de 24 mil concesiones vigentes y de la superficie concesionada para esta actividad de 17 millones de hectáreas.
Ante ello, la enlace de esa alianza en el estado exigió entender que el modelo extractivista es la causa del verdadero problema, independientemente si la empresa es de capital estatal, público, privada.
