La comparecencia del Secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas, se canceló por la ausencia de 29 diputados que se encuentran realizando proselitismo electoral en las diferentes regiones de Oaxaca.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó a sus aliados acción nacional y movimiento ciudadano de mentir respecto a los candidatos trans que registró la coalición Por México al frente, pero intentó matizar su imputación con un “nosotros somos respetuosos de los procesos internos de selección de todos los partidos políticos”.
La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) anunció a principios de mayo que Oaxaca había aprobado el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin embargo, con una calificación promedio 6.03, la entidad se encuentra debajo de la media nacional que es de 6.30, en color amarillo.
En la Penitenciaría Central del Estado conocida coloquialmente como penal de Ixcotel se detectó la presencia de autogobierno, pues personas privadas de la libertad ejercen funciones de autoridad, destaca el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicado a principios de mes.
Con la adhesión de Francisco Martínez Neri, se fortalece el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca, dada la trayectoria y presencia política del hasta ayer coordinador de la bancada perredista en el Congreso Federal.
Tras conocerse de la renuncia del también ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, activistas del proyecto obradoristas, activaron sus cuentas en las redes sociales para saludar lo que llamaron la atinada decisión de Martínez Neri.
Fijarte muy bien, no distraer la mirada, esperar la venia de un buen samaritano o de plano utilizar algún auto de escudo, así cruza la gente en calles como Pino Suárez esquina con Abasolo, donde el letrero de la campaña “Uno a uno” es ignorado.
Hace cinco meses en el municipio de Oaxaca de Juárez, la Policía Vial implementó la campaña en 16 cruces de calles del centro muchos de los cuales contaban con semáforos que quedaron fuera de servicio. Ahora, rara vez se observa la presencia de un oficial de tránsito, sobre todo en horas pico.
Debido a que en el país nace más de un millón de mexicanos al año en promedio, es necesario un programa nacional de racionalización del crecimiento demográfico, planteó el académico Armando García de León.
De no contener el acelerado aumento de la población, indicó, para el 2020, México podría igualar a Japón en el número de habitantes (126 millones) y ubicarse como la décima nación con más población en el mundo; y para el 2030 alcanzar a Rusia (137 millones).
En el primer trimestre de este año, los ingresos propios del gobierno de Oaxaca aumentaron y las contribuciones federales cayeron.
De acuerdo con el reporte financiero del periodo enero-marzo de 2018, el Gobierno del Estado recaudó en este periodo mil 462 miliones 094 mil pesos por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones comprendidas en la Ley de Ingresos.
Este monto es 182 millones 423 mil pesos superior a los ingresos obtenido en el primer trimestre de 2017, y que ascendieron a más de mil 279 millones de pesos.
A pesar de que desde el 2 de octubre del 2017 el Congreso estatal aprobó reformas a la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, para impedir que los agentes de vialidad retengan en garantía de pago de alguna infracción, cualquier documento de los conductores, está práctica ilegal sigue vigente.
Con la reforma a los artículos 18 y 25 de la ley de tránsito, los uniformados ya no tienen facultad para asegurar el permiso para circular, tarjeta de circulación, la licencia de manejo o placas, a los conductores que infrinjan esta ley o su reglamento.
La aritmética de La estafa maestra es sorprendente. 517 de solicitudes de información, más de 100 entrevistas y largas jornadas de reporterismo en zonas marginales y entornos hostiles. El resultado es el descubrimiento de un fraude de más de 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares) en el que están involucrados 11 dependencias del Gobierno mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios.
