Los servicios de salud estatales destinaron en 2016 recursos federales para pagar sueldos a profesionales del sector sin título o cédula profesional, aviadores o que ya habían sido dados de baja.
Parte del dinero procedente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud también se ha utilizado para otorgar sueldos que exceden el nivel máximo, reveló el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente a la Cuenta Pública 2016.
Al menos 200 millones de pesos destinados a obras de remodelación del auditorio Guelaguetza, habrían sido desviados por el exsecretario de turismo, José Zorrilla de San Martín Diego.
El titular de la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, José Angel Díaz Navarro, confirmó que por solicitud de la Secretaria de la Secretaria de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, se iniciaron procedimientos administrativos que podrían derivar en penales contra el ex servidor público.
El monto que supuestamente robo Jorge Castillo Díaz, ex funcionario del Gobierno de Oaxaca; es 31 veces mayor que la suma de dinero que se presume hurtó el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
La Procuraduría General de la República (PGR) le imputó a Duarte el lavado de más de 438 millones de pesos, que supuestamente desvío del erario durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo de Veracruz, entre los años 2010-2016; y que depositó en diferentes cuentas bancarias de empresas fantasmas y prestanombres.
La mayoría de los diputados locales están en favor de la opacidad.
A la fecha, solo 8 de los 42 legisladores que integran este Poder del Estado presentaron una versión pública de su declaración patrimonial.
Cabe señalar que estos documentos fueron elaborados en función de un formulario elaborado por la Contraloría Interna del Congreso del Estado, en el cual solo se asentaron datos muy generales de los diputados.
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) es candil de la calle y oscuridad de su casa.
Este órgano, que es el garante en el estado en materia de transparencia, incumplió con su responsabilidad de informar sobre el gasto de los recursos públicos de los periodos octubre-diciembre de 2016 y enero-marzo de 2017.
Sin embargo, en su portal electrónico, el IAIP simuló esta rendición de cuentas con listados desactualizados, y que reportó como información reciente.
El Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), Pascual Luz Orea Morán, negó que haya exigido moches cuando laboró en Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), y exigió al empresario que lo acusa que demuestre su dicho.
“Que venga y que me diga cuándo y dónde me han dado recursos, no tengo ningún antecedente, me siento limpio de toda situación. Se me hace injusto lo que están haciendo, pero aquí estoy, transparente. Aquí estoy, he dado la cara, no me he escondido, estoy abierto”, dijo, en entrevista.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca es un cascarón que opera a un cuarto de su capacidad porque no cuenta con personal y por el retraso en la armonización de leyes.
El Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez dice que la institución que recibió no cumple con los estándares mínimos para operar el sistema que combata la corrupción.
SAN PEDRO POCHUTLA.- Luego de una serie de inconformidades de parte de campesinos maiceros que hace unos días recibieron, a través de funcionarios del gobierno estatal, cantidades raquíticas por concepto de los llamados Seguros Catastróficos; el presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de San Pedro Pochutla, Eutiquio Ricardez Cárdenas revela la forma en que los recursos destinados a tales apoyos fueron “manoseados” y utilizados con fines políticos.
El Gobierno Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán evadió la auditoría federal sobre los recursos de seguridad que ejerció el ex Presidente Municipal, Héctor Santiago Aragón durante el año pasado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el daño a la Hacienda Pública asciende a 11 millones de pesos, que corresponden a recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG).
Los funcionarios de la administración anterior ocasionaron un quebranto por 15 mil millones de pesos al erario por la malversación de recursos y “pendientes financieros”, señaló el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro.
El monto total -expuso- se desprende de los pendientes por solventar de auditorias federales, así como de las ya culminadas y sancionadas.
