La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción atiende 2 mil 753 expedientes contra ex funcionarios públicos por delitos relacionados con actos de corrupción y de los cuales más del 50 por ciento corresponden a servidores públicos municipales, con un monto de desvío del erario de 4 mil millones de pesos, informó su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez.
Robaron a manos llenas
El zafarrancho que protagonizó el ex diputado federal perredista Hugo Jarquín en el palacio municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez para mantener el albergue para mujeres víctimas de violencia, tiene como trasfondo 4 millones de pesos bimestrales que recibe por el mismo, es decir 24 millones de pesos al año.
Los recursos son asignados por la Secretaría de Salud a través de organizaciones sociales y en el 2018 ascendieron a un total de 346 millones 400 mil pesos, aunque como en el caso del albergue que supuestamente mantiene Hugo Jarquín todo es una simulación.
A diferencia de los dos años anteriores, la Secretaría de Salud de Oaxaca licitó los servicios de limpieza en varias unidades médicas para 2019; pero adjudicó el contrato a empresa "consentida".
De acuerdo con el fallo de la licitación pública nacional número LA-920042950-E3-2019, la compañía "Servicios Integrales de Seguridad Limpieza y Mantenimiento S. A. de C. V.", ganó la adjudicación de este convenio para el periodo abril-diciembre de 2019.
La transparencia de Oaxaca dio un paso atrás con la armonización a la legislación federal.
Sarahí Salvatierra, investigadora de la organización civil “Fundar” reveló que la ley local de transparencia ordenaba la publicación de todas las sentencias del Poder Judicial del Estado.
“Antes la Ley de Transparencia de Oaxaca era mucho más garante en el tema, y ahora con la armonización, y fue un problema de la armonización con la Ley General; tuvo un regresión, que tuvo que ver con las sentencias públicas”, dijo.
El uso de fideicomisos para manejar deuda pública es ilegal, advirtió la investigadora de la organización civil “Fundar”, Sarahí Salvatierra.
Recordó que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al respecto.
La Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) omitió transparentar el programa anual 2018 con el cual ejecutó recursos federales para la atención de la violencia.
Tras evadir presentar los datos requeridos por un ciudadano en noviembre, dos meses después, esta dependencia exigió un pago para entregarlos.
A través de la Unidad Jurídica que es responsable de la Unidad de Transparencia, esta dependencia estatal se declaró rebasada.
El ex diputado federal y líder de comerciantes informales, Hugo Jarquín López, mantiene la posesión ilegal de las instalaciones que albergan al Refugio Municipal para las Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, sus hijos e hijas.
A pesar de que el contrato de comodato venció el pasado 31 de diciembre de 2018, el ex legislador perredista, a través de la Red Internacional de Grupos de Organizaciones Mixtecos, se ha negado a dejar las instalaciones.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ha presentado 36 denuncias penales en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en contra de funcionarios y ex servidores públicos, por delitos como desvío de recursos, corrupción, peculado, entre otros.
En materia de transparencia y rendición de cuentas los ciudadanos tenemos que pasar de escuchar el discurso de políticos, funcionarios y partidos a evaluar su alocución, porque la encuesta nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) nos dice que no se cree en ellos por las diferencias entre lo que dicen y lo que hacen, afirmó el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Adán Córdova Trujillo.
“En el caso de los políticos y sus partidos, confiamos menos”, reconoció.
Al alto índice de trabajadores en la informalidad, empresas y hasta instituciones que contratan mediante outsourcing, así como esquemas que permiten pagar un mínimo de impuestos, hacen de Oaxaca una de las entidades con menor recaudación fiscal del país. Se estima que sólo tres de cada diez personas físicas y morales realizan sus contribuciones sin evadir o eludir al fisco.
