La disculpa ofrecida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, en representación del Estado mexicano al profesor y defensor Damián Gallardo Martínez, resulta trascendente porque la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no se fue al archivo muerto o al olvido, afirmó la co-directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Yésica Sánchez Maya.
“Sabemos que no ha sido sencillo el caminar para intentar resarcir el daño causado por los regímenes autoritarios del pasado y que esperemos no regresen”, aseveró.
La activista de la organización, que ofreció acompañamiento jurídico al defensor, sostuvo que la disculpa ofrecida nada restituye, pero ojalá abra camino a la no repetición de los patrones de criminalización a la protesta social, ni a las defensoras y defensores de derechos humanos, pues el impacto no es individual, porque afecta todo un tejido familiar, social y comunitario.
De esta manera, subrayó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez sin duda alguna ha apostado a hacer las cosas de otro modo.
“Por eso en Oaxaca, somos sus aliados para seguir abriendo brecha en la defensa de los derechos humanos y para que no se repitan escenarios como los que Oaxaca ha vivido a lo largo de su historia”, anotó.
Destacó que se necesita convertir a partir de hoy Oaxaca en una agenda de primer orden para la escucha de otras víctimas de graves a derechos humanos.
“En Oaxaca, campea la impunidad”, refirió.
Resaltó que han pasado sexenios tras sexenios gubernamentales y no se ha asumido un real compromiso en la lucha contra la impunidad.
“Queremos a Ulises Ruiz en la cárcel, queremos a los asesinos de Nochixtlán procesados y sentenciados, queremos que se desmantelen las estructuras represivas”, anotó.
La activista dijo que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, con la detención del profesor y defensor Damián Gallardo Martínez, pretendió imponer su régimen criminal, pero sobre todo, arrebató la presencia y el acompañamiento de la víctima hacia su familia durante cinco años y siete meses de detención injusta por ser acusados de delitos no cometidos.
