Durante la presentación del “Diagnóstico sobre la corresponsabilidad para la reinserción de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios del Estado de Oaxaca”, la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez afirmó que el pleno acceso a los derechos de las personas privadas de la libertad requiere un papel activo y corresponsable de todas las instituciones del Estado, para transitar hacia una visión de derechos humanos.
“Una labor prioritaria y necesaria es analizar las situaciones, necesidades y condiciones que persisten en los Centros de Reinserción Social”, asentó.
Por eso, expuso que esta herramienta de diagnóstico busca generar sinergias entre la DDHPO y las instancias de gobierno, para hacer efectivo el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como lograr un proceso de reinserción exitoso.
“Estos ejercicios permiten difundir las dificultades que enfrentan las personas privadas de la libertad”, anotó.
Subrayó que el análisis de la situación existente en estos espacios y conocer sus condiciones, resulta necesario para mejorarlos.
“Este diagnóstico ofrece una oportunidad de comenzar a tener información desde un enfoque de derechos humanos que permita generar políticas públicas eficientes en materia de reinserción social”, añadió.
A su vez, el subsecretario de Prevención y Reinserción Social Roberto Claudio Castillo Ramírez destacó que el sistema penitenciario en Oaxaca está reprobado.
“Por eso, el diagnóstico permitirá generar acciones y caminar hacia la ruta correcta desde la aceptación de que estamos fallando, pero este problema no es único de la entidad, pues el sistema penitenciario en México recibe continuas críticas respecto a su falta de eficiencia en materia de reinserción”, señaló.
Mientras tanto, el representante de Asilegal , José Luis Gutiérrez explicó que este diagnóstico especifica la corresponsabilidad de cada una de las instituciones participantes en la reinserción social.
Detalló que el diagnóstico surgió de ocho recorridos en centros de reclusión en el estado, donde se entrevistaron a 400 personas privadas de su libertad sobre su derecho a la salud, trabajo, educación, entre otros.
El representante dijo que los resultados hacen evidente la necesidad de estrategias en las instituciones para asumir su corresponsabilidad y lograr un proceso exitoso de reinserción, para garantizar a las personas privadas de su libertad la recuperación de su proyecto de vida.
