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Presentan denuncia en Dinamarca por proyectos energéticos en el Istmo

Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

Después de hacer público un pronunciamiento, un grupo de organizaciones nacionales e internacionales presentó una denuncia ante el Punto de Contacto Nacional de Dinamarca contra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) por incumplimientos de las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el desarrollo de los proyectos energéticos de su filial Helax Istmo en municipios del Istmo de Tehuantepec. 

De acuerdo con un reporte, la denuncia documenta una grave opacidad y falta de información sobre los impactos relacionados, fallas en la obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, la no divulgación de cambios materiales al proyecto y el avance de los proyectos sin las evaluaciones de impacto ambiental requeridas. 

Además, se basa en documentación recabada en terreno en mayo pasado, investigaciones corporativas y en una larga historia de organización comunitaria y resistencia en la región.

En el pronunciamiento público, la alianza de organizaciones exigió a las autoridades mexicanas y al fondo de inversión danés CIP ofrecer información pública sobre los eventuales cambios del proyecto Helax de producción de hidrógeno y amoniaco verde en tierras comunales y ejidales de Ciudad Ixtepec y Asunción Ixtaltepec.

Explicó que la empresa Helax Istmo, filial del fondo de inversión danés firmó en 2023 un Memorando de Entendimiento con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la Secretaría de Marina (Semar) para desarrollar su proyecto con una inversión prevista de 10 mil millones de dólares, como parte de las actividades industriales relacionadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Expuso que el proyecto contempla la construcción de un parque fotovoltaico con casi tres millones de paneles (1,674 MW) sobre cinco mil hectáreas de tierras agrícolas y de selva baja espinosa caducifolia del ejido de Asunción Ixtaltepec. 

Además, detalló que incluye nuevos parques eólicos con la instalación de 190 aerogeneradores (855 MW) sobre 25 mil hectáreas de tierras comunales y ejidales de Ciudad Ixtepec, Chivela y Santiago Ixtaltepec, 

También, precisó que está prevista la construcción de una planta desalinizadora en Salina Cruz y de un pozo subterráneo para alimentar la electrólisis, así como la construcción de otra planta para la transformación del hidrógeno en amoniaco en Rincón Moreno y de ductos entre las dos plantas y el puerto de Salina Cruz.

Sin embargo, observó que no existe documentación oficial pública para conocer a detalle las características reales del proyecto y el fondo de inversión danés ha presentado alguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para los diferentes componentes.

No obstante, destacó que los promoventes empresariales y gubernamentales han buscado avanzar en la firma de acuerdos con las comunidades para la renta de tierras destinadas a los distintos componentes del proyecto.

Aparte de esto, destacó que la filial Helax Istmo reportó al CIIT sobre un proceso de reconfiguración estratégica del Proyecto Helax, originalmente concebido como una iniciativa de hidrógeno verde, para la generación de energía eléctrica.

Aunque, resaltó que ni CIP ni las autoridades mexicanas han informado públicamente sobre este cambio y así se profundiza la opacidad del proyecto y deja abiertas nuevas preguntas sobre sus verdaderos alcances, su carácter especulativo y los impactos para esas comunidades del Istmo de Tehuantepec.

Ante ello, reclamó a las autoridades mexicanas y a CIP informar públicamente sobre los cambios previstos en el proyecto, por ejemplo, si oficialmente deja de formar parte del CIIT. 

De la misma manera, convocó a los organismos de derechos humanos de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a las organizaciones de la sociedad civil en Dinamarca y en otros países donde CIP tiene operaciones para exigir el respeto a los estándares de derechos humanos y ambientales en sus inversiones. 

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