Luego de que se diera a conocer públicamente el presunto esquema de despojo, hostigamiento y secuestro que sufre la familia del reconocido investigador del arte zapoteco Miguel Ángel Audiffred Bustamante en Bahías de Huatulco, el Gobierno del Estado de Oaxaca fijó una postura institucional. El titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, Geovany Vásquez Sagrero, abordó el caso y advirtió que el despojo de propiedades es un delito prioritario para la administración pública por el daño social que genera.
"No tenemos nosotros alguna información, pero ¿qué es lo que comúnmente sucede? Si hay alguna carpeta de investigación iniciada, es Fiscalía quien tiene los elementos", aclaró inicialmente el funcionario. Sin embargo, lanzó una convocatoria abierta a los afectados para intervenir de forma inmediata: "Nosotros hacemos la invitación porque el despojo como delito ha sido un flagelo que ha lastimado mucho a nuestra sociedad. Aquí mismo hemos señalado que existen dos tipos de despojo, a los bienes del Estado y a los bienes particulares".
El consejero detalló que, ante la gravedad de estas denuncias, la dependencia a su cargo actúa como un brazo de apoyo para los ciudadanos y el Ministerio Público, agilizando procesos que antes se burocratizaban.
"Cuando acuden con nosotros y encontramos un asunto de esta naturaleza, es abrir de manera inmediata los expedientes, algo que no se hacía. Es decir, si nos contactan las personas que se sienten despojadas, inmediatamente cruzamos información con el Instituto de Catastro y con el Instituto de la Función Registral. Y siempre hemos estado abiertos a darles toda la documentación e información y a revisar el tracto sucesivo registral de la propiedad", explicó Vásquez Sagrero, subrayando que esta coordinación estrecha dota a las fiscalías de herramientas clave para resolver los casos.
Un patrón de violencia: El caso de la familia Audiffred
La reacción gubernamental ocurre tras la denuncia pública de la familia de Miguel Ángel Audiffred, excurador del Museo Frissell de Mitla y propietario desde 2004 de dos inmuebles en el exclusivo fraccionamiento Conejos. Según los afectados, la condición de vulnerabilidad por el deterioro de salud del investigador fue presuntamente aprovechada por un vecino que intentó obligarlo a cederle las propiedades por una suma mínima.
Al no lograrlo, el conflicto escaló a una campaña de acoso que incluyó la presunta destrucción de palapas dentro del predio y la promoción ilegal de los terrenos en redes sociales. Pese a que los hijos del académico interpusieron cinco denuncias penales, la violencia llegó al extremo. El 29 de mayo de 2025, un joven presuntamente amenazó de muerte a Cecilia Audiffred, hija del propietario, exigiéndole desalojar la vivienda bajo el argumento de que "ya estaba vendida".
De acuerdo con la denuncia pública, el hecho más crítico ocurrió el pasado 5 de julio de 2025, cuando cuatro hombres armados irrumpieron en la casa, sometieron a Cecilia y la secuestraron a plena luz del día. Mientras era subida a la fuerza a una camioneta, la víctima logró ver a un vecino y a un presunto abogado revisando los documentos de su padre dentro de la propiedad. Tras ser vendada de los ojos y trasladada hacia la Marina de Santa Cruz, fue finalmente abandonada en la zona del río Copalita, donde logró pedir auxilio.
Días después, una inspección de la Fiscalía localizó a trabajadores remodelando la casa bajo las órdenes de otro vecino, un ingeniero de apellido Forte. Al recuperar la posesión del inmueble, la familia descubrió que el lugar había sido completamente vandalizado: muros tirados, pisos arrancados e instalaciones eléctricas saqueadas.
Lupa sobre notarías e inmobiliarias
La familia Audiffred sostiene que este modus operandi —ubicar a adultos mayores o enfermos que viven solos para amedrentarlos, ocupar sus casas y venderlas mediante intermediarios irregulares— opera como una red de delincuencia organizada en Huatulco.
Al respecto, el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero advirtió que la investigación del Estado también alcanza a los fedatarios públicos que se prestan a estas anomalías, utilizando tecnología especializada para detectar fraudes inmobiliarios:
"Cuando encontramos algún instrumento notarial de manera inmediata, si es un notario que aún vive, lo que hacemos es ordenar una visita especial en ese libro y en ese protocolo a fin de aportarle elementos en la investigación... Y si es un notario fallecido, lo primero que hacemos es verificar a través de esta luz ultravioleta a ver si no está manipulado el protocolo, porque también hemos encontrado temas así, y saber si es genuina o no la escritura", reveló.
El funcionario concluyó reiterando el llamado a los afectados para aportar los datos catastrales y registrales con el fin de acelerar las indagatorias penales: "Nosotros haríamos la invitación si tienen los datos, con mucho gusto. Para eso son los registros públicos y nosotros tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de apoyar también para que no se retrasen las investigaciones".
