La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza pruebas de cumplimiento en sitio de las acciones coordinadas y ejecutadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en los estados de Oaxaca, Chiapas y Morelos, afectados por los sismos del mes de septiembre del año pasado; además, fiscalizará los recursos autorizados para la atención de los damnificados mediante el Fondo Nacional de Desastres (Fonden).
De acuerdo al Marco de Referencia Sobre la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2017 las obras que se revisarán corresponden a las que fueron declaradas como emergentes, las cuales se ejecutaron por medio del procedimiento de adjudicación directa.
Precisa que el órgano fiscalizador evaluará el desempeño de las entidades y dependencias responsables de la entrega de apoyos a la población, mediante el censo de afectados que levantó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde se dispersaron recursos por 6 mil millones de pesos; y la depuración de datos entre el censo levantado por la Sedatu y la base de datos del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., así como la entrega de tarjetas a la población damnificada.
Además verificará la correcta entrega de recursos a damnificados, mediante identificación de pagos duplicados y cargos no reconocidos.
En este contexto, la ASF verificará que las instancias involucradas en regular, operar, vigilar y fiscalizar los apoyos, actuaron conforme a la normativa aplicable.
Adicionalmente, se revisará la adquisición del software para el control y otorgamiento de recursos a los damnificados por los sismos, en cuanto a la calidad del producto, sus entregables y su utilidad para las acciones de apoyo relacionadas con el Fonden.
La ASF también auditará los recursos obtenidos en 2017, por las indemnizaciones que ascendieron a 4 mil 479 millones de pesos; de los cuales 3 mil 120 millones de pesos correspondieron al seguro de pérdidas, y 1 mil 359 millones de pesos al del bono catastrófico.
Adicionalmente, se revisará, desde una perspectiva de cumplimiento normativo y de desempeño, en el contexto de la correspondiente política pública, el funcionamiento del Fonden y del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas.
Con base en esta estrategia, se programaran un total de ocho auditorías, que considerarían los siguientes enfoques: de cumplimiento, desempeño, sistemas, obra pública y control interno.
Asevara que con estas auditorías, más las realizadas por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, se obtendrían elementos para tener un posicionamiento integral respecto a la atención de la población afectada por los sismos y fenómenos meteorológicos ocurridos en 2017.
Subraya que para la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF ha decidido desarrollar una visión sistémica en la fiscalización sobre la gestión de los recursos utilizados en las labores de reconstrucción, así como sobre el desempeño de las diferentes entidades y dependencias responsables de estas acciones.
Específicamente, para dar atención a los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, donde se autorizaron recursos a nueve entidades federativas por 14 mil 301 millones 100 mil pesos.
