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Exigen justicia para defensor ambientalista en Santiago Astata

Fotografía de Cristino Castro Perea, defensor ambientalista asesinado en febrero en Barra de la Cruz, por cuyo caso exigen justicia en Santiago Astata.
Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) exigió justicia y una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y efectiva para el esclarecimiento del homicidio del defensor ambientalista Cristino Castro Perea, sucedido el 28 de febrero de 2025 en Barra de La Cruz, Santiago Astata, región del Istmo de Tehuantepec.

El presidente de ese organismo civil, Maurilio Santiago Reyes informó que dos personas quienes viajaban en una motocicleta agredieron con disparos de arma de fuego para quitar la vida al activista, cuando se encontraba alrededor de las seis de la tarde en el quiosco de la comunidad indígena chontal.

Expuso que Castro Perea participó activamente en la defensa de la tierra y el territorio cuando un grupo de personas intentó apoderarse en el 2013 de varios terrenos a orilla de la playa con una extensión aproximada de 24 hectáreas.

Expresó que este grupo de personas está financiado por grupos de poder económico y político de la región de la Costa para lotificar y vender después a empresarios hoteleros.

Por esto, explicó que el defensor comunitario fue incorporado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el 2023, para garantizar su labor de defensor de la tierra y el territorio, su protección y auxilio por encontrarse en una situación de riesgo. 

Subrayó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en diciembre del 2023 como área natural protegida con la categoría de santuario el sitio Barra de la Cruz, Playa Grande, con una superficie de 56-19-13.67 hectáreas. 

De esta manera, destacó que no se justifica alguna intromisión de un grupo político de la región de la Costa para desestabilizar la lucha de los defensores ambientalistas de Barra de la Cruz.

Santiago Reyes dijo que el crimen continúa impune hasta la fecha, porque el Estado mexicano no ha cumplido plenamente sus obligaciones asumidas en el Acuerdo de Escazú para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas defensoras del medio ambiente, así como para prevenir, investigar y sancionar cualquier agresión cometida en su contra.

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