Ante la disculpa pública que ofreció el Estado mexicano por la desaparición forzada del profesor oaxaqueño Gregorio Alfonso Alvarado López, un grupo de organizaciones civiles y sociales exigió castigo a los responsables, incluyendo la cadena de mando, porque la justicia no puede limitarse al reconocimiento simbólico, sino exige verdad plena y la transformación de las condiciones estructurales para evitar la repetición de estos crímenes.
En un pronunciamiento, dio a conocer que la víctima fue detenida por agentes del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el anochecer del 26 de septiembre de 1996, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, como continuidad de la guerra sucia en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, para después ser arrojado a un automóvil que avanzó con rumbo desconocido.
Explicó que Alvarado López destacó como activista en la lucha por la ampliación de la matrícula escolar y por la defensa de la educación pública en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), donde fundó la Unión Normalista Independiente Democrática, y a nivel más amplio, la Unión de la juventud Revolucionaria de México.
Detalló que a los 19 años se incorporó a la docencia y a la Sección 22 del SNTE-CNTE, donde fue comisionado a trabajar a la región de la Costa.
Precisó que en su labor docente se involucró con los movimientos populares de la región y ahí fundó la Unión de Campesinos Pobres, después se incorporó a la Unión de Trabajadores de la Educación, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y al Partido Comunista de México (marxista-leninista).
Mencionó que años después, se trasladó al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y después a Guerrero, donde desarrolló una intensa actividad educativa y política en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), como en diversas organizaciones populares e indígenas.
Subrayó que su actividad política revolucionaria no pasó desapercibida al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer ni a los órganos de inteligencia y espionaje del Estado, quienes operaban en la entidad en la más completa impunidad.
De esta manera, destacó que la desaparición forzada de Alvarado López se inscribe en un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos en México, particularmente durante los periodos de represión política conocidos como la guerra sucia, donde el aparato estatal utilizó esa práctica como mecanismo de represión selectiva y masiva.
Por esto, resaltó que la tardía aceptación del Estado mexicano a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no puede interpretarse como un acto de justicia, sino como el resultado de décadas de presión por parte de su familia, organizaciones sociales y organismos internacionales, aunque es en esencia, una admisión implícita de responsabilidad por acción u omisión.
Además, observó que la aceptación de recomendaciones internacionales no agota la obligación estatal, porque debe traducirse en acciones concretas, incluyendo la judicialización del caso, la sanción a los responsables, la reparación integral del daño, las garantías de no repetición y la reconstrucción de la memoria histórica.
Ante ello, dijo que este caso no debe ser reducido a una recomendación cumplida parcialmente, sino asumido como una deuda histórica, porque exige verdad plena, castigo a los responsables, incluyendo la cadena de mando, y la transformación de las condiciones estructurales para evitar la repetición de estos crímenes.
