Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, así como activistas y defensores de derechos humanos, hizo un llamado a los candidatos aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a comprometerse con la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y de la justicia social, por encima de cualquier interés económico, corporativo y político.
En un pronunciamiento, sostuvo que los y las próximas ministras de la SCJN deben actuar como garantes los de derechos de la población mexicana, no como facilitadores de los intereses económicos de una élite, ante la constante amenaza de las corporaciones en México, como las tabacaleras, refresqueras, productoras de ultraprocesados y plásticos y mineras, entre otras.
Por eso, urgió la implementación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana donde se garantice una justicia libre de conflictos de interés, porque la SCJN debe cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por México en materia de salud.
Expuso que la SCJN ha tenido un papel importante en decisiones con un impacto favorable en la salud pública, como el etiquetado frontal de advertencia, la regulación del tabaco, las restricciones de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNA).
Sin embargo, también alertó sobre la amenaza constante de los litigios y estrategias legales impulsadas por las corporaciones y cámaras industriales para frenar o revertir algunas de los políticas y proyectos dirigidos a la protección de la salud y el medio ambiente, apoyados en muchas ocasiones, por algunas ministras y ministros de la SCJN, violentando los derechos humanos.
Subrayó que las industrias, en específico la tabacalera, han buscado frenar políticas públicas diseñadas para proteger la salud y el bienestar colectivo con la promoción de amparos para crear regímenes de excepción a las obligaciones como la protección de espacios libres de humo de tabaco y nicotina, la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, así como la prohibición de vapeadores.
De esta manera, observó que es indispensable asegurar que quienes resulten electos lleguen al cargo sin conflicto de interés y con plena independencia de poderes políticos y económicos, porque en muchos de estos casos, la decisión final ha estado y seguirá estando en manos de la SCJN.
Además, resaltó que la emergencia sanitaria y ambiental producida por los plásticos en México y la voracidad de las corporaciones de toda la cadena de su producción, desde la extracción de combustible fósil, fabricación y hasta su desecho, hace apremiante un nuevo Poder Judicial Federal (PJF) preparado para enfrentar la interferencia de esta industria y basar sus decisiones en la protección de derechos humanos, la salud y el interés común, desde una perspectiva de justicia ambiental, y transparencia y de participación de las comunidades, como dispone el Acuerdo de Escazú.
Ante esto, hizo un llamado a las personas candidatas a la SCJN a mantener su independencia, no solo del poder político, sino también del poder económico, porque es fundamental no anteponer la salud pública por los intereses económicos de las empresas en su labor jurisdiccional.
