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En 2023 aumenta 10 % el número de víctimas de delitos

asalto
Foto(s): Cortesía
Ana Lilia Pacheco

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detalla en su informe de Víctimas de Delito de Fuero Común que durante enero hubo un aumento del 10.2 por ciento, respecto del mismo periodo del 2023.

Expone que durante 2022 se registró que hubo 759 víctimas de delitos como robo, homicidio, feminicidio, secuestro, mientras que en enero de este año, el total de víctimas fueron 846 personas.

El documento detalla que los delitos que tuvieron un aumento de casos reportados ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca fueron homicidios, pues pasó de 148 de enero 2022 a 185 de este año.

Asimismo, en lesiones, pasó de 484 de 2022 a 514 del mismo periodo de 2023, mientras que los feminicidios se duplicaron, pues en enero del año pasado se reportaron 6 y este van 12 en enero.

El SESNSP señala que las cifras se refieren al número de víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras.

Además, explica que una persona es víctima de un delito cuando resiente las consecuencias de la acción de un acto ilícito. Tiene derecho a que la autoridad cuide su integridad física y le brinde protección en todo momento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona que los derechos de las víctimas del delito se han convertido en un tema de suma importancia en los últimos años derivado de las diversas reformas que nuestra Constitución Federal ha sufrido, la gran mayoría de ellas por las diversas adhesiones y/o ratificaciones, entre otros.

Relata que desde 1993 se incluyó en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos de las víctimas del delito hasta la inclusión en 2008 de un apartado C dedicado a ellas se ha venido construyendo una sólida base constitucional que reconoce y tutela los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

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