A 19 años de la desaparición forzada de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sucedida el 25 de mayo en esta ciudad, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos denunció que este crimen de Estado permanece impune derivado de una política sistemática de impunidad, negacionismo, dilación y simulación gubernamental.
En una conferencia de prensa, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, la representante de la organización e hija de una de las víctimas, Nadín Reyes Maldonado aseguró que las autoridades no han querido enjuiciar y castigar a los responsables de la desaparición forzada, tanto materiales como intelectuales y mucho menos realizar las acciones necesarias para la búsqueda y localización de los eperristas, a pesar de la resolución del más alto tribunal del país en el amparo en revisión 51/2020.
Sostuvo que la respuesta de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR), a casi cuatro años de la sentencia de la SCJN y después de 26 reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB), ha sido la simulación para apostar al desgaste y el olvido.
Expuso que la CNB, como cabeza de la CEB, entregó apenas el 19 de este mes de mayo un plan de búsqueda como eje principal, aunque dista de una acción integral porque no contiene la suficiente rigurosidad para indagar de manera efectiva la localización de las víctimas, ni han integrado en su totalidad las observaciones hechas por los familiares.
Sin embargo, expresó que la apuesta del Estado al olvido no funciona para sus familiares y para quienes están dispuestos a mantener firme la exigencia, porque están convencidos de la justeza de lucha y porque tienen todo el derecho a saber la verdad, exigir justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.
Además, subrayó que testigos importantes del caso han fallecido, como el indígena zapoteco de San Agustín Loxicha, Daniel Santiago Matías, quien pudo haber sido la última persona en ver a los militantes del EPR en las mazmorras de la entonces Policía Ministerial de Oaxaca, por no ser localizado ni declarado por la FGR.
De esta manera, lamentó que no se podrá conocer con certeza lo visto o escuchado por el indígena zapoteco e incluso preguntado, porque aquel 25 de mayo de 2007 también fue detenido y llevado a la entonces Procuraduría General de Justicia de Oaxaca para presuntamente identificar a las víctimas.
Ante esto, dijo que los familiares y quienes se han sumado a su lucha mantienen en alto y de manera firme la exigencia exigiendo de presentación con vida de los guerrilleros, porque no descansarán hasta encontrarlos.
