El Comité de Expresos políticos y familiares del 7 de junio de 2015 demandó la judicialización contra todo el aparato opresor del Estado mexicano, la reparación integral del daño sufrido en manos de las autoridades estatales y garantías de no repetición.
En conferencia de prensa, ofrecida con el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y el Frente del Pueblo Sol Rojo, Michelle Escobar informó que 23 activistas de derechos humanos, el 7 de junio de 2017, fueron víctimas de detención arbitraria y tortura por policías federales y estatales, puestos a disposición de la entonces Procuraduría General de la República y recluidos posteriormente en centros federales de readaptación social en distintos estados del país.
Sin embargo, sostuvo que todos fueron absueltos por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado porque los policías federales y estatales actuaron con mendacidad.
Expuso que dos de las víctimas, López Martínez y Luis Enrique López López fallecieron a consecuencia de la tortura después de ser liberados sin ver la justicia.
Explicó que en su momento, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión No. 17/2016, demandando su liberación y la reparación del daño causado por el Estado mexicano, calificando como arbitraria su detención.
Además, detalló que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 05/2018 por estos hechos, pero aún no ha sido cumplida.
De esta manera, precisó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) dará apertura al Juicio de Protección de Derechos Humanos JPDH 03/2025, a través de la Sala Constitucional y la Cuarta Sala Penal Colegiada, a petición de las víctimas.
Con esto, subrayó que se abre una esperanza por justicia y la no impunidad para los activistas y sus familias, después de 11 años de sucedidos los hechos.
Ante ello, requirió la judicialización contra todo el aparato opresor del Estado, por haber criminalizado su labor, la reparación integral del daño sufrido, garantías de no repetición y el reconocimiento de responsabilidad por los hechos violatorios a sus derechos humanos.
Hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse atenta y observante del TSJE para ejercer su independencia judicial y reivindicar su autonomía, sin dejarse influenciar por los oscuros intereses quienes protegen a los responsables de la represión cometida.
