Durante la pasada administración las denuncias por despojo de bienes inmuebles y las víctimas afectadas por este ilícito creció exponencialmente, sumando en total 4 mil 796 carpetas de investigación y 5 mil 250 afectados.
De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado, en el 2015 se integraron 394 carpetas de investigación, con 400 víctimas; un año después, el número de denuncias disminuyó ligeramente al integrarse 354 expedientes, con 414 víctimas.
Sin embargo, en el 2017, ya en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, se integraron 624 expedientes por la comisión de este ilícito (56.73 por ciento más que el año inmediato anterior), con 667 afectados; tendencia que no dejó de ascender ya que al año siguiente la comisión de este delito generó la integración de 669 averiguaciones previas, con 745 afectados directos.
Para el 2019 la tendencia se mantuvo al alza, porque se iniciaron 770 averiguaciones, con 840 víctimas; y en el 2020 el número de averiguaciones previas integradas ascendió a 799, con 871 personas afectadas.
El penúltimo año del sexenio pasado, las denuncias por el delito de despojo rebasaron los mil casos por año, toda vez que se iniciaron mil 39 averiguaciones previas, con mil 163 víctimas; y en el 2022, ya en el último año de la administración, se redujeron ligeramente los casos, al presentarse 895 denuncias, con 964 víctimas.
De acuerdo a las autoridades estatales, en la comisión de algunos delitos de despojo están involucrados funcionarios públicos del Registro Civil, Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, notarios públicos, abogados y particulares, en lo que se denomina como el Cártel del Despojo.
En el caso del Registro Civil están siendo investigados al menos 43 exfuncionarios, incluyendo un exdirector del Registro Civil del estado.
Entre las principales irregularidades detectadas a partir de los requerimientos judiciales a las dependencias, se encuentran alteraciones en libros de registros de las diferentes direcciones relacionadas a trámites de propiedades, desaparición de algunos libros en custodia del estado, hasta irregularidades en todas las delegaciones catastrales de la entidad.
Encontrando casos paradigmáticos como la venta de propiedades por personas fallecidas en Zaachila y la reventa de hasta en cuatro ocasiones de una misma propiedad en Puerto Escondido y Huatulco.
