Ante la privación de la libertad de dos personas por más de cinco meses en la cárcel municipal de Santo Domingo Teojomulco, región de la Sierra Sur, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a las autoridades estatales a intervenir de manera inmediata para lograr su liberación.
“Este hecho, representa una grave violación a los derechos humanos”, afirmó el titular del órgano autónomo, Bernardo Rodríguez Alamilla.
El ombudsperson sostuvo que según las leyes vigentes en el país, el arresto por faltas administrativas en cárceles municipales no debe superar las 36 horas.
Además, expuso que si bien se reconoce la jurisdicción normativa de las comunidades indígenas para establecer sanciones, estas también tienen límites.
Por eso, explicó que la DDHPO dictó medidas cautelares en el expediente DDHPO/1609/(20)/OAX/2022, donde requirió a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar una carpeta de investigación por la privación de la libertad de Erika D.M. y Rubén G.S.
Detalló que el órgano autónomo también ha pedido a la FGE constituirse en la cárcel municipal para constatar la presencia de las personas en ese lugar y en caso de haber incurrido en un delito, las pongan a disposición o bien, garantizar su libertad.
Además, observó que ha solicitado a la Secretaría General de Gobierno (Segego), realizar las mesas de negociación con la autoridad municipal, así como la mediación correspondiente para lograr la liberación de ambas personas.
De la misma manera, subrayó que la DDHPO también ha demandado a la autoridad municipal rendir un informe sobre los hechos y abstenerse de causar actos violatorios a los derechos humanos de Erika D. M. y Rubén G. S., así como a sus familiares.
Destacó que el órgano autónomo también inició otro expediente al tener conocimiento de la detención de otras nueve personas en la misma cárcel municipal, identificadas como Ahidan B., Félix A., Julián R., Ezequiel M., Crisóstomo M., Avelino L., Venancio R., Benito C. y Lorenzo S.
Rodríguez Alamilla dijo que el caso de D.M. y Rubén G.S., así como el de las otras nueve personas privadas de su libertad en Santo Domingo Teojomulco, pone un nuevo precedente de actos graves de violaciones a derechos humanos en los centros de detención municipal.
