A 17 años de la represión del 25 de noviembre, la Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Ex Presos Políticos de Oaxaca 2006-2007 demandó a los gobiernos federal y estatal el cumplimiento del Plan de Justicia y un juicio de amparo.
Durante una protesta en el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, el vocero Isaac Torres Carmona dio a conocer que en los hechos de violencia orquestados por los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa fueron detenidas arbitrariamente 149 personas por la entonces Policía Federal Preventiva, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, en el centro de la ciudad, y posteriormente torturadas, criminalizadas y acusadas de delitos no cometidos, como asociación delictuosa, resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y daños por incendio.
Explicó que los detenidos fueron trasladados a los penales de Tanivet Tlacolula y Miahuatlán y después a la Base Aérea Militar número 15 en Santa Cruz Xoxocotlán, para ser trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en San José del Rincón, Nayarit.
A pesar de esto, expuso que los hechos se encuentran en absoluta impunidad, porque no ha habido justicia, ni castigo a los perpetradores ni resarcimiento de los daños a las víctimas de crímenes considerados de lesa humanidad.
“Son delitos que no prescriben por Ley, como la tortura a la que fueron sometidos, como castigo o escarmiento por su participación en la revuelta social o por su pertenencia al magisterio o alguna organización social afín a la entonces Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, conocida como la APPO”, anotó.
De este modo, reclamó a la administración federal el cumplimiento del Plan de Justicia a Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura del conflicto social 2006-2007, entregado en mayo pasado al entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
Además, requirió a la administración estatal el juicio de amparo 35/2019 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito y el recurso de revisión 64/2018 de la entonces Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para fincar la responsabilidad administrativa y se resuelvan las indemnizaciones reclamadas, conforme a la Ley General de Víctimas, como medida de compensación subsidiaria, por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, como consecuencia de las violaciones sus derechos humanos.
