Octavio Vélez
Después de 15 años de lucha, en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Santo Domingo Ixcatlán logró que la Procuraduría Agraria (PA) emitiera la convocatoria de la elección de los integrantes de su Comisariado de Bienes Comunales.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes dio a conocer el residente de la PA en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Federico Avendaño Hernández, junto con personal de la propia institución, acudió el miércoles pasado a esa municipalidad a fijar en las agencias de policía y núcleos rurales, así como en parajes y en todos los rincones del núcleo agrario, la primera convocatoria para la realización de la asamblea general de comuneros, donde se elegirán a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y de su Consejo de Vigilancia, el día 30 de este mes en la explanada municipal.
Subrayó que la elección no se había podido celebrar debido a la corrupción de funcionarios de la PA, del Registro Agrario Nacional (RAN), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y personal del gobierno estatal, quienes en complicidad con personas no originarias de este núcleo agrario, pretendían la venta del territorio ancestral indígena de Santo Domingo Ixcatlán, a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer).
Destacó que en este intento se cometieron diversos ilícitos, entre homicidios, elecciones fraudulentas para el nombramiento del Comisariado de Bienes Comunales, la muerte legal de comuneros y falsificación de diferentes documentos.
Sin embargo, observó que el TUA del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, declaró nulos de pleno derecho todos los actos elaborados de forma irregular y una vez vencido los obstáculos, la PA lanzó la convocatoria de la elección donde participarán los comuneros con derechos legalmente reconocidos.
El activista dijo que la elección de los representantes agrarios constituye uno de los compromisos asumidos por el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para resarcir los daños causados por haber declarado falsamente la muerte legal de mil 013 comuneros.
