Ana Lilia Pacheco
Gisela Méndez, experta en desarrollo urbano y movilidad, afirmó que por más de 50 años, varias ciudades del país, entre ellas Oaxaca, han olvidado que el transporte urbano es un servicio público, por lo que los gobiernos deben controlarlo.
“Hemos normalizado que el transporte público es malo y que las personas con menos recursos deben aguantar un transporte de mala calidad; se ha normalizado el decir que si no te gusta le transporte, te compres uno privado, pero es obligación del gobierno dar un servicio de calidad como el agua potable”, aseguró.
Señaló que desde hace varios años los gobiernos decidieron que un privado opere el servicio de transporte público, pero las concesionarias no tienen reglas claras y los contratos no señalan las consecuencias de brindar un servicio correcto.
“Hay que volver a leer la constitución en el artículo 115 y ver que el transporte público es un servicio público que debe ser proporcionado por los gobiernos y ya depende de los estados, si lo brindará el municipio o el gobierno del estado, pero es su obligación”, aseguró.
La experta en movilidad argumentó que debido a que el gobierno no tiene el control del transporte público, el servicio es deficiente al igual que las unidades que se utilizan, además de que no pueden exigirle a los particulares una mejora.
“Es complejo porque el estado no invierte en nada, es como el agua potable que sabemos que el dinero e impuestos se va al mantenimiento de las tuberías a cambiar bombas, podemos demandar que está llegando el agua chocolatosa; esa demanda no la tenemos con el transporte público”, destacó.
Destacó que para que haya una modernización en el transporte público es necesario que las autoridades mexicanas reconozcan que deben cuidar ese servicio e invertir en infraestructura, regularización, tener más control en la operación del transporte y asegurar que llegue a donde debe llegar.
“El gobierno debe atender este tema y dejar de utilizar el transporte como medio político para otros fines que no son los de prestación de servicio y modernizar, invertir, ayudar en las unidades y verdaderamente hacer una sociedad con los transportistas y no sólo dejarle a ellos que hagan todo”, recomendó.
Resaltó que si se sigue pensando de una maneja individual, es decir, en sólo verlo como un negocio, nunca se podrá ofrecer un servicio de transporte colectivo adecuado para la ciudadanía.
“El gobierno debe atender este tema y dejar de utilizar el transporte como medio político para otros fines que no son los de prestación de servicio". Gisela Méndez, Experta en desarrollo urbano y movilidad.
