Las ciudades fronterizas que se encuentran al norte de México se han convertido con el paso de los años en una “zona de espera” para miles de migrantes que esperan la resolución de su solicitud de asilo en Estados Unidos que durante meses tramitan en las estaciones migratorias instaladas para su atención.
Desde Tijuana y hasta Nuevo Laredo, miles de personas en movilidad llegan a la frontera de México y el país de las barras y las estrellas con el anhelo de que les concedan un permiso de residencia que les permita alcanzar una mejor calidad de vida de la que tenían en sus respectivos países de origen.
Entre incertidumbre y múltiples trámites burocráticos, la desesperación se hace presente entre los miles de migrantes que no ven como opción regresar a sus lugares de origen y optan por una opción que, aunque no es legal, les brinda un rayo de esperanza para ingresar a Estados Unidos: los traficantes de personas.
Conocidos comúnmente como “coyotes”, estas personas -que comúnmente están ligadas a organizaciones criminales- se han dedicado durante décadas a cruzar ilegalmente por la frontera a miles de migrantes, poniendo en riesgo su vida y, aún así, cobrando exuberantes cifras que se han convertido en uno de los principales ingresos del crimen organizado.
De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) las organizaciones criminales llegan a generar de ganancias hasta USD 500 millones al año por el tráfico de migrantes.
Y es que, ante el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por las distintas administraciones de Estados Unidos -como por ejemplo el Título 42- las y los migrantes suelen recurrir a aquellas organizaciones criminales que controlan distintos puntos de cruce a lo largo de la frontera.
No obstante, los servicios que ofrecen los “coyotes” están lejos de ser accesibles para las personas en movilidad pues en estados como Baja California, Sonora, Coahuila y Tamaulipas a los migrantes les llegan a cobrar entre USD 10 mil y USD 13 mil por ayudarles a cruzar la frontera y transportarlos hasta ciertas ciudades de Estados Unidos, de acuerdo con una reciente investigación de la fundación especializada en crimen organizado, InSight Crime.
Del mismo modo, testimonios recabados en la investigación señalan que, aunque no contraten los servicios de los “coyotes”, el simple “permiso” para cruzar por territorio que los cárteles controlan llega a costar entre USD 500 y USD 2 mil.
No obstante, no solo el cruce de personas en movilidad por la frontera genera las ganancias para las organizaciones criminales sino que también a través de delitos como el secuestro o la extorsión generan ingresos.
Es así como a los migrantes que suelen deportar de Estados Unidos a México, los grupos criminales les llegan a cobrar una cuota por transitar por territorios que controlan y, en caso de negarse, las consecuencias pueden ser fatales.
En el caso del secuestro, las y los integrantes del crimen organizado privan de su libertad a los migrantes con el objetivo de cobrar exuberantes rescates que llegan a elevarse hasta los USD 10 mil, de acuerdo con el testimonio de un abogado local de Nuevo Laredo consultado por InSight Crime.
Para lograr sostener su negocio ilegal de tráfico de migrantes, los cárteles mexicanos han estructurado en las respectivas zonas que controlan una meticulosa red de corrupción institucional que les permite continuar operando, así como socios que les proporciona información sobre el tránsito de las y los migrantes.
De este modo, datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) citados por InSight Crime, dan cuenta de que los traficantes de migrantes perciben entre los USD 5 mil y USD 7 mil millones por su lucrativo negocio.
