En el periodo de 2018 a 2022, apenas el 5 por ciento de los 602 asesinatos de mujeres registrados en el estado resultaron en sentencias condenatorias. Durante estos cuatro años, únicamente se emitieron 29.
El reciente informe presentado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad que analiza los retrocesos e impunidad a lo largo de dicho periodo, señala que lo anterior refleja una profunda brecha entre la realidad de la violencia de género y la capacidad del sistema judicial para abordar y castigar a los responsables.
La falta de voluntad política y la simulación en la implementación de políticas públicas de género son señaladas como el principal obstáculo para las mujeres. Esto se evidencia especialmente en el proceso de implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca (AVGM), declarada desde agosto de 2018, indica el informe.
La acción del Estado para implementar la AVGM fue calificada como descoordinada y simulada, lo cual muestra las causas estructurales de la violencia y la falta de interés en desarrollar políticas eficaces para la atención, canalización y seguimiento a mujeres en situación de violencia, especialmente en zonas rurales y aisladas.
El informe agrega que la falta de asignación de recursos específicos y rastreables para implementar la AVGM y la política pública de género es otro de los retos que evidencian la simulación y desinterés del Estado en abordar esta problemática de manera efectiva.
En cuanto a las cifras, de 2018 a 2022, la mayoría de las muertes violentas de mujeres fueron investigadas como homicidios (453 carpetas), a pesar de la obligación de considerar toda muerte violenta de mujer como feminicidio. Además, no se actualiza ni se aplica el Protocolo para la Investigación del Feminicidio.
El informe destaca un alarmante aumento del 126% en feminicidios comparado con el periodo anterior (2013-2017). Esta tendencia se mantiene en 2023, con 54 feminicidios documentados solo en el primer semestre. Las desapariciones también muestran un incremento del 131.7% en 2021 y del 103.4% en 2022, con un total de mil 943 mujeres y niñas desaparecidas de 2018 a 2022 y 254 solo en el primer semestre de 2023, donde el 56% son menores de edad.
En cuanto a la violencia sexual, la prevalencia en Oaxaca sigue siendo alta (39.1% en 2021), y la violencia familiar sitúa al estado en el octavo lugar de mayor prevalencia a nivel nacional. La detección y canalización de casos de violencia sexual y familiar son prácticamente inexistentes, y refleja un acceso a la justicia aún más escaso, con ninguna sentencia por violencia sexual y solo 25 por violencia familiar de 2018 a junio de 2021.
