Después de que en el 2020 fueran suspendidas las clases presenciales en todas las instituciones educativas del estado por la pandemia de COVID-19 y a partir de este ciclo escolar los estudiantes regresan a las aulas, la 65 legislatura solicitó al titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed) emita un diagnóstico preciso de las condiciones en que se encuentra la infraestructura de cada una de las escuelas públicas de la entidad.
Lo anterior, para garantizar la integridad física de alumnas, alumnos y personal docente durante el ciclo escolar 2022-2023.
La proposición con punto de acuerdo señala que es responsabilidad del Estado garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneas y contribuyan a los fines de la educación.
Añade que la política de infraestructura educativa enfrenta un problema que tiene que ver con los déficits de infraestructura y con una doble brecha: la primera elude a la deuda de infraestructura básica (techos, paredes, baños, pizarrón, mesas y sillas) y la segunda vinculada a la innovación curricular, que afecta no solamente a las escuelas pobres, sinos a una gran cantidad de escuelas dentro del sistema educativo.
Destaca que después de casi tres años de pandemia, los estudiantes retornan a las aulas con la incertidumbre de no saber las condiciones físicas de las aulas, toda vez que en un gran número de escuelas aún persisten trabajos pendientes por realizar de los sismos del 2017 y otros más que se han presentado en fechas recientes.
Manifiesta que Oaxaca es la entidad con el mayor rezago en infraestructura física en el país, solo por detrás de Chiapas y Guerrero; es decir, en gran parte de las escuelas no existe acceso a agua, drenaje, electricidad, mobiliario o están construidas con materiales deficientes.
