Lesli Aguilar / Corresponsal
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría de Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, detalló que la Fiscalía de Oaxaca no ha resuelto el conflicto de violencia que se originó en San Esteban Atatlahuca.
Agregó que el 23 de diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Oaxaca proteger los derechos de niños, mujeres y personas de San Esteban Atatlahuca, que poseen medidas cautelares y que por su condición de indígenas se encuentran en riesgo.
Dijo que “el 23 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado Mexicano de la medida cautelar número 1050-21, para las familias de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji y otros respecto de México, misma que publicó en su página oficial http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/348.asp y que hasta ahora no se están cumpliendo”.
Señaló que las medidas cautelares fueron otorgadas por los hechos de violencia ocurridos en diferentes fechas en las comunidades de Guerrero Grande, Ndonoyuji y Mier y Terán en San Esteban Atatlahuca, por parte de un grupo armado.
Añadió que derivado de estos hechos de violencia permanecen desaparecidas cuatro personas, que son: Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Mayolo Quiroz Barrios; y posteriormente, el 27 de octubre desaparece en la Ciudad de México, Irma Galindo Barrios; además, asesinaron a dos personas: Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández; así como varias personas lesionadas y más de 100 casas quemadas.
Refirió que “este hecho de violencia produjo el desplazamiento forzado de más de 300 familias, entre ellas niñas, niños, mujeres y personas mayores, y que hasta la fecha no han podido regresar a sus casas en su lugar de origen”.
Añadió que la Policía Estatal y Federal tuvo conocimiento de estos hechos de forma inmediata, pero minimizaron la gravedad de los acontecimientos y hasta el momento no han brindado el apoyo humanitario.
Señaló que buscan que se garantice la seguridad al interior de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, con el objetivo de prevenir amenazas, hostigamiento, intimidaciones y agresiones en contra de sus pobladores.
Finalmente, pidió que se dé con el paradero de los desaparecidos.
