"Los casos que se tramitan ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) registran un gran atraso en su seguimiento, toda vez que el 81% de los expedientes en trámite tienen más de seis meses de iniciados y el 56% de los casos son del año 2021 o previos, contando incluso con expedientes en trámite que se iniciaron en el 2013, es decir, tienen 10 años de seguimiento, sin resultados", reconoce la titular del organismo autónomo, Elizabeth Lara Rodríguez.
En la iniciativa que presentó al Congreso local para reformar la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, añade, que por lo que hace a las recomendaciones que la Defensoría ha emitido, existen 58 que aún se encuentran en seguimiento para su total atención, de las cuales el 85% de las mismas son recomendaciones emitidas previas al 2022 y es de resaltarse que hay casos que se remontan a 2012.
Manifiesta que de acuerdo al seguimiento a las propuestas de conciliación que ha emitido la DDHPO, al momento se tienen 227 expedientes en seguimiento, de los cuales el 46% son casos previos al 2022; en este caso existen expedientes que datan del 2013.
En su diagnóstico, subraya que en la Defensoría existe un funcionamiento inapropiado para responder a los nuevos retos que exige una sociedad cada vez más exigente del respeto de sus derechos humanos; existen limitaciones presupuestales para atender los compromisos de una estructura obesa al interior de este organismo; también no hay claridad en la definición de las funciones que a cada unidad administrativa le corresponden, así como las atribuciones y cargas de trabajo, lo cual conlleva a crear confusión del personal en cuanto a su desempeño y responsabilidades.
Apunta que, en este orden de ideas, por una parte, con la reforma a la ley se pretende simplificar estructural y funcionalmente las distintas áreas administrativas que conforman la Defensoría, cubriendo las atribuciones legales y atendiendo las posibilidades presupuestales.
Además, sostiene, resulta de trascendental importancia definir cuál es la infraestructura apropiada para el desempeño de sus funciones, en ese orden, “esta propuesta de iniciativa pretende incluir dentro de la referida infraestructura los bienes muebles e inmuebles que por cualquier tipo de orden jurídico hayan permanecido en posesión de la institución”.
