La presidenta de la mesa directiva de la 65 Legislatura, Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz, afirmó que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es un gran avance en la agenda de las niñas, niños y adolescentes al priorizar el interés superior de la niñez, pero también en la agenda feminista y de los derechos humanos de las mujeres.
Subrayó que de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que reforma la Ley General de Niñas Niños y Adolescentes en Materia de Pensión Alimenticia, el Sistema Nacional DIF contará con un plazo de 300 días hábiles para la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
En tanto que los congresos locales y los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México, contarán con un plazo no mayor a 120 días hábiles a partir del inicio de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para armonizar el marco normativo correspondiente con los lineamientos que establezca el Sistema Nacional DIF.
La legisladora por el PT dijo que, sin embargo, la autoridad encargada del Registro Nacional, en el término de 90 días naturales, emitirá la normativa a través de la cual se establezca el formato, tiempo, modo y lugar para que las autoridades locales obligadas en el decreto cumplan con las obligaciones establecidas en el mismo.
“Esto es, suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar mensualmente la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para la integración del registro”.
Señaló que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho prioritario a la alimentación de la niñez, pero no solo de manera enunciativa a través de un marco jurídico idóneo, sino también asegurar que su cumplimento se dé en tiempo y forma para beneficio de los acreedores.
“En su momento, el Congreso de Oaxaca llevará a cabo el proceso legislativo para armonizar la ley estatal con la ley general, a fin de que la entidad fortalezca su regulación para garantizar la pensión alimenticia, porque este es un gran paso para que los deudores no queden en total impunidad y sigan sin tener repercusiones por el incumplimiento de sus obligaciones”, apuntó.
