El gobierno del estado, a través de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, recurrirá la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que señala al gobernador Salomón Jara Cruz de hacer uso indebido de recursos públicos y vulnerar los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad con motivo de la difusión y transmisión de una conferencia de prensa donde se refirió a la exsenadora Xóchitl Gálvez.
De acuerdo a la resolución SRE-PSC-127/2023, el gobernador de Oaxaca y otros funcionarios públicos estatales vulneraron principios constitucionales con expresiones contra Xóchitl Gálvez, en una conferencia de prensa realizada el pasado 21 de agosto.
La autoridad electoral consideró que las expresiones del mandatario tuvieron como finalidad disuadir el apoyo en favor de Xóchitl Gálvez y del proceso interno del Frente Amplio por México, en el cual ella participaba, por ello aprobó dar vista al Congreso de Oaxaca para que determine lo que en derecho corresponda.
Sin embargo, el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero afirmó que el gobierno estatal no está de acuerdo con la resolución de la Sala Especializada, porque ese 21 de agosto lo que sucedió es que el gobernador del estado fijó una postura política referente a los calificativos que había emitido la senadora Xóchitl Gálvez respeto a los oaxaqueños y la región sur del país, lo que debe estar dentro del debate político forzosamente.
“El representante político de una entidad desde luego que tiene el deber de hablar en nombre de sus representados y el hecho de puntualizar y contradecir las expresiones políticas de alguien que no importa que esté aspirando a un cargo o que estuviera en un frente, que dicho sea de paso hay que puntualizar que no había iniciado el proceso electoral, y un elemento que se debe considerar en este tipo de procedimientos es la temporalidad”.
Agregó que es de explorado derecho, conforme a las resoluciones emitidas también por los tribunales electorales, que el elemento personal, subjetivo y temporal, sobre todo, al analizar casos especiales sancionadores en materia electoral, es un requisito sin el cual no puede actualizarse una conducta infractora.
“En tal supuesto, el hecho de que no hubiera iniciado un proceso electoral forma parte de estas expresiones del debate político; no estamos también de acuerdo en las inferencias que hicieron los magistrados, porque hacen inferencias de que el gobernador sabía que lo podían sancionar y de ahí concatenan algunas premisas para concluir que lo hizo con dolo para incurrir en una infracción, lo que tampoco es correcto”.
Reiteró que no están de acuerdo con la resolución y van a combatirla ante la Sala Superior del TEPJF y, en tal circunstancia, podrán debatir los argumentos jurídicamente.
