Las comunidades, organizaciones y asistentes al Tercer Foro Permanente en Defensa del Territorio y la Propiedad Social determinaron defender colectivamente sus territorios por todos los medios a nuestro alcance contra el despojo y acordaron movilizarse, y articularse regionalmente para seguir impulsando espacios de formación e información sobre experiencias y herramientas para la protección de los ejidos y comunidades.
De acuerdo con un manifiesto, surgido del encuentro celebrado en Santa María Atzompa, decidieron continuar creando organización y unión comunitaria y regional contra el despojo, seguir fortaleciendo la conciencia, espiritualidad y arraigo de sus territorios, así como fortalecer el movimiento social oaxaqueño y vincularse con otros procesos de defensa del territorio del país y del mundo.
Además, manifestaron su respaldo al pueblo zoque de Santa María y San Miguel Chimalapa y condenaron el despojo legalizado de su territorio a partir de dos recientes sentencias del Tribunal Superior Agrario (TSA), porque favorecen la devastación ecológica de bosques de niebla y selvas realizadas por narco-ganaderos, talamontes y neolatifundistas provenientes de Chiapas.
Y se sumaron a la exigencia de impartición de justicia pronta y expedita por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También, expresaron su rechazo al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46 de Huajuapan de León, ya que fomenta el conflicto agrario entre los pueblos de Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo, porque el asunto fue resuelto entre un acuerdo de buena voluntad entre ambas comunidades.
Aparte de esto, demandaron la cancelación de los proyectos mineros que se pretenden imponer en San Dionisio del Mar y justicia para los tres militantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), originarios de San Isidro El Platanillo, asesinados en febrero pasado.
Exigimos justicia para los tres compañeros de UCIZONI, de San Isidro El Platanillo, que fueron asesinados en el mes de febrero de 2025.
De la misma manera, exigieron la extinción definitiva de la concesión minera número 238447 Zapotitlán 1 en el pueblo chontal, correspondiente al expediente 62/9892, porque el registro oficial de la Secretaría de Economía (SE) aparece como vigente aun cuando la concesión fue cancelada desde 2020 mediante juicio de amparo.
Igualmente, reclamaron la cancelación de todas las concesiones mineras en el territorio de comunidades zapotecas en los Valles Centrales del proyecto minero San José por todas las afectaciones ambientales y sociales que están generando en los territorios.
Entre otras cosas, se solidarizaron con las luchas organizadas de pueblos, asambleas y comunidades en Oaxaca y en el país, ante el embate de las políticas y proyectos extractivistas e individualistas que se tratan de imponer sobre los territorios y la propiedad social.
