Ana Lilia Pacheco
En las acciones encaminadas a promover mejores prácticas de acceso a una justicia más incluyente, efectiva, igualitaria y con sensibilidad humana, el Poder Judicial del Estado que preside el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, realizó durante este año diferentes actividades, entre ellas de sensibilización y actualización, para enfatizar la importancia sobre los derechos humanos desde una visión pluralista, intercultural y de género.
Apoyado en la Unidad de Igualdad de Género llevó a cabo gestiones interinstitucionales y con Organizaciones de la Sociedad Civil enfocadas a la atención a los principales retos en casos de violencia de género contra las mujeres. Además, se donaron 200 compendios de la normatividad internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, en apoyo a los centros para el desarrollo de este sector de la población.
En su reciente Informe de Actividades 2021, en lo que corresponde al eje Derechos Humanos, Género y Pueblos Indígenas, el magistrado Pinacho Sánchez resaltó que en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, se impartió el diplomado “Pluralismo jurídico, de la teoría a la praxis”.
Por otra parte, se realizó el “Seminario internacional sobre sistemas normativos indígenas y pluralismo jurídico”, el cual contó con la participación del Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay así como especialistas e investigadores de México y diferentes países.
Otra actividad relevante fue el Congreso virtual “Intercambio de experiencias para el diálogo entre justicias” y como parte de las actividades de reflexión sobre los “20 años de la reforma constitucional en materia indígena”, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, impartió una conferencia magistral.
Con apoyo de la sociedad civil y personas de la academia, se elaboró y editó el Protocolo para la armonización y coordinación entre las jurisdicciones estatal e indígena-afromexicana”, en tanto que buscando una justicia abierta y más cercana a las personas, se aprobó la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano, el cual está en proceso de integración y lo conforman organizaciones de la sociedad civil.
