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PROPAEO ha recibido 65 denuncias por impacto ambiental en 2023

Foto(s): Emilio Morales Pacheco
Ana Lilia Pacheco

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (PROPAEO), informó que en lo que va del año han realizado 65 inspecciones por denuncias de impacto ambiental en el estado.

José Ernesto Ruiz López, titular de la Propaeo, expuso que algunas acciones de impacto ambiental que se han visto en el estado son la extracción de materiales pétreos en los ríos, construcción de fraccionamientos, plazas y centros comerciales que no tienen autorización de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), así como rellenos sanitarios que no tengan autorización.

Expuso que han realizado 37 visitas de inspección y 28 visitas oculares por denuncias de mala disposición de residuos, manejo inadecuado, tiraderos a cielo abierto y quema de desechos.

El Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO) ha informado en múltiples ocasiones que el retirar materiales pétreos del río, provoca que cambie el cauce y en tiempo de lluvias podría provocar inundaciones.

Subrayaron que aunque desde hace años las autoridades han atendido el tema del río Atoyac, continúan en el lugar varios asentamientos irregulares, así como chozas rodantes, tiradero de escombros y hasta descargas de aguas residuales.

Gerardo Aldeco Pinelo, presidente de la COAO aseguró que han buscado dialogar con los areneros para acordar medidas que eviten conflictos; no obstante, estos no se prestan al diálogo y ya llegaron a confrontaciones verbales y amenazas.

Pese a que existen leyes que prohíben tirar escombros en el río Atoyac o a su alrededor, debido a que son zonas federales, esto aún continúa, ya que en las inmediaciones del puente del Tecnológico se ha visto esta práctica recientemente.

Aunque en el lugar se han colocado señalamientos en los que se solicita no tirar escombro o basura, las personas han hecho caso omiso.

Cabe señalar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pueden asegurar la maquinaria o realizar sanciones al hacer estas acciones en caso de no contar con una autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya que estas acciones son consideradas como delitos federales de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales.

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