El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH) interpuso un recurso de revisión a un juicio de amparo otorgado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado en favor de los afromexicanos Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez, para exigir una sentencia más integral y con perspectiva más garantista en su proceso penal.
La coordinadora general de la organización, Sara Méndez Morales informó que los afromexicanos fueron detenidos de manera arbitraria en diciembre del 2011 y acusados injustamente de ser los responsables del asesinato de un estudiante desaparecido en la región de la Costa.
Expuso que los afromexicanos, después de un periodo de arraigo y tortura, han enfrentado un proceso penal plagado de serias irregularidades en el Juzgado Segundo Mixto de Puerto Escondido, a través del expediente penal 01/2012.
“Ha sido el responsable de valorar y documentar los hechos que le son imputados, sin embargo, después de más 10 años, la fase de instrucción no ha sido concluida y menos aún se ha emitido una sentencia”, asentó.
Por esto, detalló que el Codigo-DH interpuso un amparo ante la falta de observancia de la presunción de inocencia y el debido proceso, así como la falta de sentencia, la excesiva prisión preventiva y la falta del cumplimiento del principio y derecho a no ser discriminados.
Observó que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en la Ciudad de Salina Cruz, admitió la demanda y ofreció una sentencia en favor de los afromexicanos.
No obstante, subrayó que la organización interpuso el recurso de revisión para exigir una sentencia más integral y con perspectiva más garantista.
Además, destacó que el Juzgado Segundo Mixto de Puerto Escondido ha solicitado la realización del Protocolo de Estambul, ante la práctica de la tortura, en un contexto de aislamiento de uno de los detenidos al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Santo Domingo Tehuantepec, donde se encuentra privado de libertad.
“Esto, es arbitrario e ilegal, pues constituye tortura blanca”, afirmó.
Destacó que esta determina representa una nueva vulneración a sus derechos humanos y actualiza la tortura que pretende documentar, al someterlo a un aislamiento innecesario en la zona de castigo del penal, privándolo de medidas sanitarias adecuadas, alimentación y trabajo.
Ante esto, demandó la intervención inmediata de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), porque no se trata de una medida garantista, sino por el contrario, representa un castigo adicional al denunciar la tortura.
