Un grupo de 10 organizaciones civiles de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca, manifestó ayer su preocupación por la falta de mecanismos del Estado mexicano para atender la crisis migratoria en el país.
En un pronunciamiento surgido del encuentro “Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia”, desarrollado durante tres días en esta ciudad, que fue leído por los representantes del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Anna Karolina Chimiak y Juan Enrique Martínez Requenes, la alianza de organismos civiles sostuvo que esta actividad permitió el intercambio de experiencias y estrategias para seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos de todas las personas y por la atención y prevención de la violencia, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz.
De este modo, explicó que el grupo de organizaciones civiles manifestó su preocupación, a partir del análisis compartido, por la crisis migratoria, porque está generando deshumanización, así como graves violaciones a derechos humanos, como la violencia sexual y trata de mujeres, juventudes y niñeces.
Así como por la política de seguridad que avala los procesos de militarización por parte del Estado mexicano y su fallida lucha contra la impunidad, como se ha evidenciado en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa y las múltiples violencias que se ejercen contra quienes defienden derechos humanos, como por ejemplo de esto, están los 47 asesinatos de activistas perpetrados en Oaxaca entre 2018 y 2022, cifra que coloca al estado como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos en el país.
Además, detalló que la alianza de organismos civiles manifestó su preocupación por la situación de conflictividad en México, particularmente en Oaxaca, donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, atentan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por eso, subrayó que refrendó su solidaridad y respaldo a las víctimas de violencia feminicida, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, a las familias de víctimas de violencia feminicida y de personas defensoras asesinadas, así como a todas víctimas de violaciones a derechos humanos.
Aparte de esto, exigió al Estado mexicano a actuar de manera contundente en contra de la corrupción, la impunidad, asumir con seriedad acciones en contra del funcionariado de los diferentes niveles de gobierno por encubrir intereses criminales de despojo institucional, político y económico.
De la misma manera, demandó a garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden, la atención a la situación de violencia feminicida.
También, urgió al Poder Judicial del Estado a liberar de manera inmediata al defensor del bosque, Pablo López Alavez, para dar cumplimiento a la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Y por último, llamó a la sociedad civil y organizada a favorecer el diálogo democrático, a asumir acciones humanitarias, a seguir generando paz y justicia desde la colectividad, para el fortalecimiento de las formas de articulación social de los pueblos, las comunidades y la ciudadanía en general.
