Luis Ignacio Velásquez
Los diputados de Morena Horacio Sosa Villavicencio y César David Mateos Benítez solicitaron al fiscal general del estado, Arturo de Jesús Piembert Calvo, retomar las indagatorias en contra del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz; y el exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; para fincar las responsabilidades penales por los crímenes cometidos durante la represión al movimiento social oaxaqueño de 2006-2007, en especial las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que son imprescriptibles.
Así como a la ex procuradora de justicia, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el exdirector de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas; demás de otros funcionarios estatales y municipales de la capital del estado.
Asimismo, convocaron a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial a que, en conjunto con el Poder Legislativo, realicen una declaración pública de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y disculpas por la violación a los derechos humanos cometida desde el poder público durante la represión gubernamental al movimiento social oaxaqueño de 2006-2007.
Desde la tribuna camaral, Mateos Benítez expresó que se deben fincan responsabilidades penales por los crímenes cometidos durante la represión al movimiento social del 2002-2007, en especial las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles e inhumanos, que son delitos imprescriptibles.
“Entre estos ex funcionarios, por supuesto que tiene que estar el Carnicero de Chalcatongo, el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz; y el ex secretario general de gobierno, Jorge Franco Cargas; entre muchos más”.
Sostuvo que esto es necesario porque todos estos crímenes siguen en la impunidad, pero además, no ha existido reconocimiento alguno de la responsabilidad gubernamental, lo que debió ser en automático después del informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La Comisión de la Verdad plantea que en el conflicto social ocurrieron 28 asesinatos, de ellos solo tuvo capacidad para estudiar 9; en los 9 casos fueron ejecuciones extrajudiciales, es decir cometidas por agentes del estado o al servicio del este; esto sin tomar en cuenta los 31 asesinatos de dirigentes políticos y líderes sociales opuestos al régimen cometidos durante los primeros 18 meses del gobierno de Ulises Ruiz”.
Añadió que también habla de 29 casos de desaparición forzada y que es necesario investigar para conocer si se trató de desaparición cometidas por agentes del Estado; “es imposible tener cifras reales acerca de las detenciones arbitrarias, puesto que la SCJN mencionó 256 solamente en cinco fechas que estudio en el conflicto; la cifra es conservadora porque muchas personas detenidas jamás fueron ni registradas, ni puestas a disposición del Ministerio Público”.
