El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo de la Ciudad de México requirió a diferentes autoridades del Estado mexicano a que cumplan en un plazo de 30 días la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la desaparición de los militantes del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
La representante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Nadín Reyes Maldonado informó que las autoridades notificadas deberán iniciar los trabajos a fin de dar cumplimiento puntual a los resolutivos emitidos en la sentencia del amparo en revisión 51/2020 relacionada con las medidas de búsqueda, acceso a la verdad, la justicia y reparación integral del daño en el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares.
Por eso, reclamó a todas las autoridades notificadas a establecer una reunión interinstitucional y así iniciar los trabajos para dar cumplimiento a esta sentencia.
“Como familiares de las víctimas, exigimos que en estas reuniones estén presentes los titulares de cada dependencia, con el fin de que en la mesa haya personas con capacidad de decisión y así agilizar los trabajos correspondientes”, anotó.
De esta manera, llamó al pueblo en general a estar atento de lo que ocurra en los próximos días, así como a continuar con su solidaridad para sostener el plantón instalado de manera indefinida frente a la SCJN.
“A partir de la próxima semana empezamos el conteo regresivo de 30 días para que cada autoridad cumpla con lo señalado en esta importante sentencia”, agregó.
Destacó que los familiares de las víctimas se mantendrán en lucha y en el plantón frente a la SCJN hasta no ver cumplida la sentencia en favor de los militantes desaparecidos del EPR.
“Seguimos adelante, hasta que Gabriel y Edmundo sean presentados con vida”, remarcó
Reyes Maldonado dijo que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo de la Ciudad de México notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Policía Federal Ministerial, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a la Fiscalía General del Estado, a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana de Oaxaca de Juárez y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
