A pesar de que las denuncias en contra de funcionarios públicos del gobierno de Oaxaca por participar en actividades del denominado Cártel del Despojo han llegado hasta la tribuna más alta del país, hasta el momento no existe algún proceso de orden penal o administrativo instruido en contra de los servidores públicos implicados en los ilícitos de despojo, suplantación de identidad, alteración de registros oficiales, etcétera, por lo que permanecen en la impunidad.
Mientras, de acuerdo a información del gobierno federal, existen 213 carpetas de investigación iniciadas por el delito de falsificación de instrumentos notariales, que por su naturaleza implican directamente a notarios públicos.
El 1 de marzo de este año, la diputada federal Margarita García García presentó ante la 65 legislatura del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para exhortar a autoridades federales y de Oaxaca a investigar y sancionar las suplantaciones de identidad dadas en el Registro Civil local.
La proposición solicita al gobernador del estado de Oaxaca, a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la Secretaria de Gobernación y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, investigue y sancione las suplantaciones de identidad dadas en el Registro Civil del Estado de Oaxaca y las alteraciones a la Base Nacional de Actas de Nacimiento y del Registro Nacional de Población.
Destaca que éstas dependencias deben actuar cuando las instituciones encargadas de realizar alguno de los registros actúen de manera irregular o caigan en actos de corrupción, como es el caso de Oaxaca, en donde se han denunciado el robo de inmuebles mediante cambios de identidad en el Registro Civil, la desaparición de documentos oficiales en el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y el mismo Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO).
"Delincuencia organizada"Por su parte, diez días más tarde, la 65 legislatura del estado solicitó a las autoridades estatales investigar los probables delitos de despojos de propiedades a particulares y corrupción relacionados con dependencias del gobierno.
Los legisladores locales acusaron a los servidores públicos de las direcciones del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, el Registro Público de la Propiedad, Dirección de Notarías y el Registro Civil, de actuar como una red de “delincuencia organizada”.
Subrayaron que los dueños y las dueñas de casas, terrenos y edificios señalan en denuncias a servidores públicos y a notarios por supuestas falsificaciones de escrituras y simulaciones de la compra-venta de los predios o inmuebles para despojar a los verdaderos propietarios.
Añadieron que dichas denuncias precisan que, para tratar de consumar el despojo, se modifican los expedientes a fin de que la propiedad de los inmuebles sea de personas fallecidas o que están en Centros de Reinserción Social o desaparecidos o a nombre de otras personas.
Aunque estos llamados sigan sin ser atendidos.
