Luis Ignacio Velásquez
Diputadas de la 65 Legislatura de diferentes fracciones parlamentarias presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución de Oaxaca, en materia de paridad e igualdad sustantiva, en las que se establece, por ejemplo, que para ser gobernador o gobernadora se requiere no haber recibido condena o sanción mediante resolución firme por cualquier agresión de género, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o ser persona deudora alimentaria morosa.
El documento signado por las diputadas Mariana Benítez Tiburcio, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, Elvia Gabriela Pérez López y María Luisa Matus Fuentes, del PRI; Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del PT; Haydee Irma Reyes Soto y Yesenia Nolasco Ramírez, de Morena; Adriana Altamirano Rosales, del PANAL; Eva Diego Cruz, del PVEM; y Antonia Natividad Díaz Jiménez, del PAN; también propone que el Consejo de la Judicatura se integrará observando el principio de paridad y alternancia de género.
Establece que para ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se necesita no haber recibido condena o sanción mediante resolución firme por cualquier agresión de género, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o ser persona deudora alimentaria morosa.
Señala que para ser integrante de un ayuntamiento se requiere no haber recibido condena o sanción mediante resolución firme por cualquier agresión de género, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o ser persona deudora alimentaria morosa, al igual para quienes integren los órganos autónomos como la DDHPO, el órganos superior de fiscalización, así como para quienes deseen ocupar el cargo de magistrada o magistrado del TSJ, y las diputaciones locales.
Subraya que esta propuesta de reforma contribuirá a la consolidación de una democracia más justa, incluyente e igualitaria, para avanzar en el derecho a la igualdad y que la participación entre mujeres y hombres.
Añade que definitivamente las designaciones y las elecciones para cada uno de los cargos en el ámbito público deben sustentarse bajo el principio de paridad y alternancia, con el fin de construir procesos cada vez más paritarios y justos. La participación de las mujeres debe ser un derecho capaz de reflejarse en la vida política de los pueblos.
