Para no pagar, un 70 por ciento de los deudores alimenticios renuncian a su empleo, por lo que, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para permitir el embargo parcial de las Afores “es un paso poderoso en el país de los padres ausentes”, señaló Diana Luz Vázquez Ruiz, activista oaxaqueña impulsora de la Ley Sabina.
Cobrar una pensión alimenticia con un deudor que se declara insolvente y dicen no tener trabajo es muy complicado.
“Eso lo vemos todos los días con los casos de tantas mamás que acompañamos con la colectiva Ley Sabina. Una de las posibles soluciones a este problema se avizora en lo que recientemente acaba de aprobar la SCJN”, expuso en entrevista.
En su resolución, la SCJN determinó que cuando los deudores alimenticios se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ingresos o bienes, un juez podrá autorizar el embargo en un 10 por ciento de los recursos depositados en las subcuentas de retiro de las Afore para cubrir la pensión alimenticia.
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La medida es trascendente considerando que, en el país hay 1.3 millones de hombres trabajando en instituciones de gobierno. En Oaxaca hay al menos 16 mil 800, señaló Vázquez Ruiz.
“Fue atinado y de avanzada que se cuestionara en dónde queda el interés superior de las infancias. En esa ponderación de derechos, es cierto, el retiro por vejez o cesantía es un asunto que se creó para garantizar dignidad y suministros económicos para quienes han trabajado al servicio del estado, pero también es cierto que tenemos un problema con los deudores alimenticios y esto es solo una herramienta de solución”, reflexionó.
Aunque no existe un dato exacto de la cantidad de deudores que renuncian a su empleo para no pagar pensión, la activista estima que un 70 por ciento recurre a esta práctica.
La determinación además suma a visibilizar esta problemática y quitar estereotipos machistas y de género en donde se coloca a las madres como las culpables por haber sido madres.
“Hay un elevado nivel de irresponsabilidad en este país de padres ausentes porque se les permite, debido a que así está elaborada la justicia, para que puedan mantener estos privilegios y ocultar sus ingresos”.
